Pedro Lorenzo Concepción, migrante cubano de 44 años, se encuentra en su noveno día de huelga de hambre en el centro de detención Alligator Alcatraz, en Florida. La protesta fue iniciada como respuesta a su detención prolongada y la incertidumbre sobre su futuro migratorio. Lorenzo llegó a Estados Unidos como balsero en 2006 y, desde entonces, ha acumulado antecedentes penales que complican su situación legal.
Tras su arribo a territorio estadounidense, fue arrestado por su vinculación con una casa donde se cultivaba marihuana. Posteriormente, se vio involucrado en una red de fraude con tarjetas de crédito, donde actuó como chofer, lo que le costó una sentencia de 52 meses de prisión.
Según ICE, ha sido sujeto a intentos de deportación en al menos dos ocasiones, pero el gobierno cubano ha rechazado su repatriación.
Actualmente, Pedro enfrenta graves consecuencias de salud por su huelga. Aunque fue hospitalizado, ha rechazado recibir alimento o tratamiento médico. Según sus declaraciones, la huelga de hambre representa su único mecanismo para protestar contra un sistema que lo mantiene sin respuestas y bajo condiciones que califica como inhumanas.
“Ya no soy dueño de mi vida… ICE decide si vivo o muero”, afirmó en una llamada reciente.
El centro de detención Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades, ha sido señalado en diversas ocasiones por organizaciones de derechos humanos debido a las condiciones insalubres y el trato a los detenidos. Pedro describe su estancia allí como un encierro sin garantías básicas ni información clara sobre su futuro.
Su esposa, Daimarys Hernández, ha manifestado públicamente su preocupación. Han estado juntos durante 19 años y, desde que comenzó la huelga, las comunicaciones se han vuelto esporádicas. Hernández solicita apoyo a través de medios de prensa y denuncia la falta de atención médica oportuna por parte del centro.
El caso de Pedro Lorenzo se suma a una lista creciente de migrantes cubanos detenidos bajo políticas migratorias estrictas. Durante la administración Trump, se reforzó la deportación de migrantes con antecedentes penales, incluso si el país de origen se niega a recibirlos. En algunos casos, ICE ha optado por acuerdos con terceros países.
En abril de 2025, dos ciudadanos cubanos, Enrique Arias-Hierro y José Manuel Rodríguez-Quiñones, fueron deportados a Sudán del Sur. Ambos acumulaban condenas por delitos graves, y su traslado se dio pese a no tener lazos con esa nación africana.
La situación de Pedro Lorenzo pone nuevamente en el centro del debate la práctica de retener indefinidamente a personas con orden de deportación sin destino claro, así como el impacto humano de tales medidas migratorias.
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