En un reciente informe el Ministerio del Interior de Cuba asegura que los índices delictivos han mostrado una “tendencia a la disminución”, un mensaje que ha sido replicado por las autoridades en los medios oficiales como un logro del gobierno. Sin embargo, basta con observar la realidad cotidiana o seguir las denuncias que circulan en redes sociales para constatar que esta supuesta mejora no solo es cuestionable, sino que raya en el intento de maquillar una crisis de seguridad que se profundiza a diario.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz, en un tono autocrítico a medias, reconoció que “hay provincias que no avanzan”. Marrero también admitió la existencia de un "control interno insuficiente" y citó ejemplos de negligencia en el resguardo de medios básicos, almacenes sin protección, puertas abiertas y hasta custodios involucrados en los robos. Aun así, su conclusión fue insistir en el refuerzo de medidas represivas y “acciones preventivas”, sin tocar las causas estructurales del problema.
Este tipo de discurso pretende desviar la atención de lo que verdaderamente está ocurriendo: una sociedad en crisis, donde la inseguridad ciudadana se ha convertido en parte del día a día. En vez de reconocer que la violencia y los delitos están directamente relacionados con el colapso económico, la escasez y la desesperanza generalizada, las autoridades optan por presentar estadísticas que contradicen la percepción ciudadana y los hechos visibles.
En los últimos meses, los reportes de asesinatos, robos violentos, saqueos de bodegas y actos delictivos en plena vía pública se han vuelto recurrentes. La población no solo desconfía de las cifras oficiales, sino que ha perdido la fe en la capacidad del Estado para garantizar algo tan básico como la seguridad personal y comunitaria. La criminalidad no se reduce con patrullas y cámaras de vigilancia si las causas que la alimentan —como el desempleo, la inflación y la falta de oportunidades— siguen intactas.
Además, la criminalidad actual no es exclusiva de "elementos antisociales", como antes se decía en el lenguaje oficialista, sino que se ha normalizado entre personas comunes, llevadas al límite por un entorno económico asfixiante. El robo de alimentos, medicinas o combustible no es solo una infracción legal: es una señal de la ruptura del tejido social, de un país donde las necesidades básicas han dejado de estar garantizadas.
La insistencia en celebrar supuestas reducciones estadísticas mientras los ciudadanos viven con miedo es una estrategia fallida. El gobierno debería mirar más allá de los números y enfrentar la verdad: Cuba está viviendo una ola de inseguridad que no se resolverá con discursos ni operativos puntuales, sino con reformas profundas que devuelvan dignidad y futuro a su gente. De lo contrario, seguirá ganando terreno el delito... aunque el parte oficial diga lo contrario.
EE.UU. deporta a 118 cubanos en séptimo vuelo del año: tres fueron arrestados al llegar
Hace 8 horas