Durante la más reciente reunión del régimen cubano para analizar la “prevención de delitos”, las autoridades decidieron intensificar el castigo contra los ciudadanos por el robo de combustible, ignorando el verdadero trasfondo de la crisis energética que asfixia al país.
Lejos de asumir responsabilidad por el colapso estructural del sistema económico y la incapacidad del Estado para garantizar servicios básicos, el primer ministro Manuel Marrero propuso que la sustracción de combustible sea calificada como “sabotaje” a la economía nacional, abriendo la puerta a una represión aún más severa.
Este enfoque punitivo refleja no solo una desconexión total con la realidad del pueblo cubano, sino también una estrategia política clara: convertir la desesperación en delito y desviar la atención pública de la incompetencia institucional.
“La escasa cantidad de combustible que podemos pagar y comprar se destina mayoritariamente a la generación eléctrica”, afirmó Marrero, omitiendo que es precisamente la gestión centralizada y opaca del combustible —monopolizada por el Estado— la que ha contribuido a que ni la electricidad ni el transporte estén garantizados.
Mientras el país se apaga, el régimen decide endurecer castigos y etiquetar como enemigos a quienes intentan sobrevivir. En lugar de buscar soluciones estructurales o implementar políticas de distribución más justas y eficaces, el gobierno cubano prefiere criminalizar a trabajadores, choferes o empleados de servicentros, atrapados en una red de escasez y corrupción que el propio sistema ha alimentado
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