Pese a la creciente presión judicial y social, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantiene su política de deportación contra cualquier persona indocumentada, sin excepciones.
Esta postura se sostiene incluso cuando una jueza federal en Washington, D.C. emitió una orden que limita la expulsión de ciertos migrantes bajo programas humanitarios vigentes.
La jueza Jia M. Cobb, de la Corte de Distrito de Columbia, ordenó suspender los procesos de deportación expedita contra migrantes beneficiados por el programa de parole humanitario CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela).
La medida responde a una demanda presentada por organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, que buscan frenar la cancelación arbitraria de visados y las subsiguientes deportaciones sumarias.
“Se ORDENA mantener los derechos, pendiente a los procesos bajo revisión”, escribió la jueza en su resolución, apuntando a que estas expulsiones deben pausarse hasta que se resuelva la legalidad del programa.
El parole humanitario CHNV, implementado por la administración Biden, ha permitido a miles de personas ingresar legalmente a Estados Unidos por razones humanitarias. Sin embargo, la política ha sido blanco de desafíos legales y su futuro se debate actualmente en la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, que esta semana escuchó argumentos, tanto a favor como en contra de su continuidad.
La demanda contra ICE fue presentada el 24 de marzo de 2025 por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, la Red UndocuBlack y CASA, con representación del Justice Action Center.
Las organizaciones alegan que la administración está utilizando de forma abusiva el proceso de "expulsión acelerada", un mecanismo que permite deportar a personas sin darles la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración ni consultar con un abogado.
"La administración está utilizando el proceso de deportación, profundamente defectuoso y conocido como ‘expulsión acelerada’, para deportar sumariamente a inmigrantes sin una audiencia ni un abogado", advirtieron los demandantes. "Bajo esta práctica, las personas no tienen la oportunidad de presentar pruebas ni ejercer su derecho al debido proceso".
Este tipo de deportación permite a ICE detener y procesar para deportación a personas indocumentadas en cualquier parte del país, no solo en las zonas fronterizas. Aunque fue objeto de críticas generalizadas por organismos de derechos humanos, esa política sigue vigente bajo ciertas condiciones y el gobierno actual ha continuado aplicándola.
El fallo de la jueza Cobb no detiene la política general de deportaciones, pero representa una victoria temporal para quienes enfrentan la amenaza de ser expulsados a pesar de haber recibido permisos humanitarios válidos.
La tensión entre la autoridad migratoria y el poder judicial se intensifica, mientras cientos de familias se mantienen en vilo ante un sistema que parece moverse entre la legalidad y la discrecionalidad.
En medio de esta incertidumbre, ICE no ha dado señales de suavizar su enfoque. La agencia continúa deteniendo a indocumentados bajo el argumento de aplicar la ley migratoria vigente, aunque organizaciones advierten que muchas de estas acciones violan principios fundamentales de justicia y humanidad.
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