Durante su segundo mandato, Donald Trump ha convertido la inmigración en una de las banderas más visibles de su agenda. Sin embargo, a pesar de que el tema sigue siendo uno de los pilares de su gobierno, las encuestas muestran que su popularidad en esta área ha disminuido significativamente en los últimos meses.
Al inicio de su nueva presidencia, Trump contaba con un respaldo considerable respecto a su gestión migratoria. Diversas encuestas entre enero y marzo reflejaban niveles de aprobación de entre 51% y 56%. Morning Consult, CBS/YouGov, Economist/YouGov y CNN coincidían en que más de la mitad de los votantes aprobaban su enfoque. Pero esa tendencia ha cambiado.
En encuestas recientes de CNN, Economist/YouGov y Quinnipiac, el respaldo a su gestión migratoria ha descendido entre 41% y 45%, revelando un desgaste evidente. Aunque algunas encuestas como las de Fox News aún muestran cierta estabilidad (con un promedio del 47%-48% de aprobación), la tendencia general refleja una pérdida de entusiasmo, incluso entre parte de su base electoral.
El motivo parece estar en la ejecución práctica de sus políticas más agresivas. Si bien muchas de sus propuestas generales —como reforzar la frontera o deportar a inmigrantes con antecedentes penales— siguen siendo populares, la aplicación indiscriminada de medidas ha generado rechazo, especialmente cuando afecta a trabajadores sin antecedentes, padres de hijos ciudadanos o personas que llevan años contribuyendo en EE. UU.
Encuestas como las del Wall Street Journal y NPR/Ipsos evidencian esta dualidad. Mientras una mayoría de votantes (74%) apoya la deportación de inmigrantes con historial criminal y el 79% respalda una vía hacia la ciudadanía para quienes llevan años en el país, solo un 26% aprueba la deportación de inmigrantes sin delitos, con más de una década en Estados Unidos. Del mismo modo, más del 50% se opone a eliminar la ciudadanía por nacimiento, una propuesta que Trump ha intentado impulsar mediante orden ejecutiva.
Esta falta de matices en la implementación de su agenda migratoria está teniendo un costo político. Votantes latinos que respaldaron a Trump, según grupos focales recogidos por NBC News, han expresado preocupación por las deportaciones masivas. Algunos, como Ruby L., colombiana residente en Georgia, destacaron que “hay personas trabajadoras que no deberían ser deportadas” y que el gobierno “debería buscar mecanismos para que puedan legalizar su estatus”.
La paradoja para Trump es clara: su discurso duro sobre inmigración sigue siendo bien recibido por su base más leal, pero cuando las políticas se traducen en acciones que afectan a familias trabajadoras o a personas integradas en la sociedad, el rechazo crece.
Además, su pérdida de apoyo en este tema refleja un fenómeno más amplio: el electorado estadounidense no está necesariamente en contra de regular la inmigración, pero sí rechaza enfoques extremos y generalizados que no distinguen entre diferentes casos.
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