José Daniel Ferrer, líder opositor cubano y fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), recibió la visita de su esposa, Nelva Ismarays Ortega, y dos de sus hijos en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, el pasado 29 de julio, en ocasión de su cumpleaños 55.
La visita duró una hora y fue permitida tras semanas de aislamiento. Durante el encuentro familiar, le llevaron comida y un pastel, según informó su hermana, Ana Belkis Ferrer, en redes sociales.
La familia logró este encuentro luego de múltiples intentos por conocer su estado de salud, especialmente tras el inicio de una huelga de hambre el 29 de junio. Su esposa fue incluso arrestada el 2 de julio cuando intentó llegar al penal con sus hijos, solicitando una fe de vida. Desde entonces, se han mantenido las denuncias sobre condiciones severas de reclusión y malos tratos contra el opositor.
“Ferrer continúa en la misma celda junto a presos comunes, bajo amenazas constantes. Desde el 5 de julio ha sido objeto de golpizas y torturas, sufre intensos dolores físicos y permanece sin atención médica adecuada”, denunció su hermana. La situación ha sido calificada por organizaciones de derechos humanos como un caso de tortura y tratos crueles.
Cinco funcionarios de la prisión han sido identificados por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) como presuntos responsables de las agresiones, y fueron añadidos a la Lista de Represores de la organización.
Esta medida busca denunciar públicamente a quienes estarían involucrados en violaciones sistemáticas de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario cubano.
El Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció el 30 de julio, destacando que Ferrer pasó otro cumpleaños encarcelado “injustamente” y reafirmando su respaldo a quienes enfrentan al régimen cubano.
Amnistía Internacional exigió su liberación inmediata, alertando sobre las condiciones de detención que incluyen “tratos inhumanos y tortura, lejos de sus seres queridos”.
José Daniel Ferrer fue excarcelado en enero de 2025 bajo libertad condicional, pero el Tribunal Supremo Popular revocó el beneficio en abril, alegando incumplimiento de citaciones judiciales. Su encarcelamiento es visto por observadores internacionales como parte de una política represiva contra la disidencia en la Isla.
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