El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, ha sido condenado este viernes a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La decisión fue tomada por la jueza Sandra Heredia, quien dictaminó que la pena debe aplicarse de forma inmediata, lo que marca un giro histórico en la política y justicia colombianas.
Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010 y fue una figura clave en la elección de dos presidentes sucesivos, enfrenta su momento judicial más crítico. La jueza Heredia lo halló culpable de intentar manipular testigos entre 2017 y 2018 para desvirtuar acusaciones de nexos con el paramilitarismo. Según el fallo, emisarios suyos ofrecieron beneficios a excombatientes presos para que declararan a su favor en los tribunales.
Una de las piezas clave del caso fue el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien grabó conversaciones con Diego Cadena, abogado de Uribe, donde se ofrecían supuestas ventajas judiciales a cambio de modificar su testimonio. Las grabaciones, validadas como prueba legítima por el tribunal, fueron fundamentales para construir la acusación.
La jueza también consideró interceptaciones telefónicas entre Uribe y Cadena realizadas por la Corte Suprema. En ellas, se evidenciaría una relación de subordinación entre el expresidente y su abogado. Heredia afirmó que Uribe no necesitaba dar órdenes explícitas: “le bastaba con dar un marco, una misión clara”.
El fallo sorprendió por dos razones: la severidad de la pena, mayor a los 9 años solicitados por la Fiscalía, y su carácter inmediato. Aunque la defensa de Uribe alegó que el expresidente había colaborado durante todo el proceso y no representaba riesgo de fuga, la jueza argumentó que su figura pública y la polarización social justificaban la restricción de su libertad para preservar la convivencia ciudadana.
Uribe deberá cumplir la pena en su finca en Rionegro, Antioquia, mientras su defensa prepara la apelación. El caso pasará ahora al Tribunal Superior de Bogotá, que deberá pronunciarse antes de octubre. En caso de mantener la condena, el equipo jurídico del exmandatario podría escalar el proceso hasta la Corte Suprema de Justicia.
La condena llega en un momento crítico para el Centro Democrático, el partido fundado por Uribe, que ya enfrentaba tensiones internas y un panorama electoral incierto de cara a las elecciones de 2026. La imagen del expresidente bajo custodia judicial representa un duro golpe simbólico, justo cuando su figura iba a ser central en la campaña legislativa y presidencial.
Algunos sectores afines a Uribe ya han comenzado a hablar de “lawfare” o persecución judicial con fines políticos, una narrativa que ha sido repetida por dirigentes del partido e incluso figuras internacionales como el secretario de Estado, Marco Rubio.
Uribe reaccionó en redes sociales asegurando que está enfocado en su defensa y que se prepara espiritualmente para la batalla judicial que le espera. “Las crisis más difíciles son las de afectación personal. Estoy trabajando en la argumentación para sustentar la apelación”, escribió.
Este veredicto, inédito en Colombia para una figura de su talla, se convierte en un punto de inflexión político y judicial, con efectos imprevisibles para el país.
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