Más de 30.000 personas han firmado una petición en línea para boicotear a la aerolínea de bajo costo Avelo, tras conocerse que la compañía firmó un contrato con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) para operar vuelos de deportación en colaboración con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La campaña, titulada “¡No volaremos con Avelo hasta que detengan los vuelos de ICE!”, fue publicada en la plataforma Change.org el pasado 7 de abril y ya ha acumulado más de 30.200 firmas, acercándose al objetivo de 35.000. Los organizadores piden a la aerolínea que cancele su participación en estos vuelos, argumentando que no deben contribuir a políticas migratorias que consideran inhumanas.
El contrato, valorado en al menos 67,6 millones de dólares, establece que Avelo operará vuelos para trasladar a personas detenidas por las autoridades migratorias hacia centros de detención dentro del país o directamente a sus destinos de deportación. Estas operaciones se realizarán principalmente desde el aeropuerto Mesa Gateway, en Arizona, una instalación clave para ICE.
La participación de Avelo ha sido duramente criticada por grupos de derechos humanos y por varios congresistas demócratas, quienes señalan que este tipo de vuelos han estado marcados por condiciones precarias para los pasajeros deportados, además de representar un componente de políticas migratorias cada vez más agresivas.
Tradicionalmente, el gobierno de EE.UU. ha contratado vuelos de deportación mediante empresas fletadoras privadas especializadas en vuelos chárter. Sin embargo, en este caso, Avelo —una aerolínea comercial con sede en Houston— asumirá ese rol, una decisión que ha sido calificada como inusual y polémica.
Desde la compañía, se ha defendido el acuerdo afirmando que es fundamental para la estabilidad financiera de la aerolínea en el mediano plazo. No obstante, esa justificación no ha frenado la creciente ola de críticas ni el llamado al boicot.
Las reacciones también reflejan el contexto político actual, en el que la administración del presidente Donald Trump ha redoblado su enfoque restrictivo hacia la inmigración. Activistas consideran que este contrato fortalece una estructura de deportación que atenta contra los derechos de muchas personas que buscan asilo o una mejor vida en Estados Unidos.
Mientras la petición continúa sumando apoyos, diversas organizaciones han instado a la ciudadanía a rechazar el uso de aerolíneas comerciales para estas labores, advirtiendo que ello podría sentar un precedente preocupante para otras empresas del sector.
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