Durante una visita oficial a la Casa Blanca, el presidente salvadoreño Nayib Bukele evitó asumir responsabilidad sobre el caso de Kilmar Armando Ábrego García, un salvadoreño deportado por error desde Estados Unidos y encerrado en una megacárcel en El Salvador.
“¿Cómo puedo devolverlo a Estados Unidos? ¿Lo meto de contrabando?”, respondió con ironía Bukele al ser consultado por periodistas sobre si su gobierno tomaría medidas para revertir la deportación de Ábrego, quien fue expulsado durante la administración Trump en lo que se reconoció como “un error administrativo”.
Lejos de mostrar disposición a corregir la falla, Bukele afirmó que no tiene interés en liberar a Ábrego en su país. “¿Quiere que volvamos a liberar criminales para que volvamos a ser la capital mundial del asesinato? Eso no va a ocurrir”, dijo, pese a que la culpabilidad del deportado no ha sido probada y sus abogados han negado que pertenezca a la MS-13, como alega la parte estadounidense.
La posición de Bukele fue respaldada por altos funcionarios de la administración Trump. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, admitió que el fallo de la Corte Suprema permite la repatriación si El Salvador lo solicita, e incluso ofreció facilitar un avión para ello. Sin embargo, dejó en manos de Bukele la decisión. “Depende de El Salvador si quieren devolverlo… nosotros lo facilitaríamos”, dijo Bondi, sin comprometerse a nada.
Más polémicas fueron las declaraciones de Stephen Miller, entonces asesor de política migratoria de Trump, quien calificó como “arrogante” que los medios estadounidenses sugirieran a El Salvador cómo actuar frente a uno de sus ciudadanos, como si el error no hubiera sido cometido desde Washington.
La visita de Bukele fue recibida con sonrisas y promesas bilaterales, pero también con un manto de impunidad. Según denuncias previas, el gobierno salvadoreño ha aceptado a cientos de deportados desde EE.UU. –muchos de ellos sin antecedentes probados– a cambio de acuerdos financieros. La narrativa oficial habla de la expulsión de “pandilleros peligrosos”, pero escasean las pruebas concretas que respalden tales afirmaciones.
El secretario de Estado, Marco Rubio, celebró el envío reciente de otros diez presuntos pandilleros y elogió la alianza entre Trump y Bukele como “modelo de seguridad y prosperidad”, mientras el caso de Ábrego evidencia lo contrario: deportaciones arbitrarias, falta de garantías legales y una colaboración interesada entre gobiernos que parece más centrada en el espectáculo político que en la justicia o los derechos humanos.
Mientras tanto, Kilmar Ábrego permanece encerrado en una prisión de máxima seguridad en su país de origen, convertido en símbolo de una política migratoria sin rostro humano y de un gobierno que prefiere evitar incomodidades antes que corregir errores.
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