Un ciudadano cubano identificado como Ángel Rodríguez fue arrestado esta semana en Florida por su presunta pertenencia a la pandilla callejera Latin Kings, según informó el jefe del Sector Miami de la Patrulla Fronteriza, Jeffrey Dinise.
La detención, que se enmarca dentro de una campaña de visibilización semanal liderada por esa agencia, volvió a poner sobre la mesa la intersección entre inmigración irregular y crimen organizado en Estados Unidos.
Rodríguez, quien se encontraba en el país como inmigrante indocumentado, tiene un historial criminal que incluye cargos por robo de identidad, hurto mayor, posesión ilegal de arma de fuego y falsificación de documentos. La Patrulla Fronteriza no especificó el lugar exacto ni las circunstancias del arresto, aunque confirmó que tuvo lugar a inicios de esta semana.
“Criminal de la semana: Conozcan a Ángel Rodríguez, un inmigrante ilegal de Cuba que es miembro de la pandilla callejera Latin Kings”, escribió Dinise en la red social X, junto a imágenes del detenido y sus tatuajes, uno de los cuales parece estar asociado simbólicamente con la pandilla.
Los Latin Kings, oficialmente conocidos como Almighty Latin King and Queen Nation (ALKQN), surgieron en Chicago en los años 50 y se expandieron por múltiples ciudades estadounidenses, incluyendo Nueva York, donde la facción Bloodline fue liderada por el temido Luis “King Blood” Felipe.
Originalmente formados como un grupo de defensa comunitaria para jóvenes latinos marginados, los Latin Kings evolucionaron hacia una estructura criminal con jerarquía rígida, reglas internas conocidas como “La Literatura”, y símbolos de identidad como la corona de cinco puntas y los colores negro y dorado.
“Aunque nacieron como una expresión de resistencia étnica, hoy representan uno de los grupos criminales más estructurados y violentos del país”, advierten fuentes policiales.
El caso de Rodríguez se inscribe en una política migratoria endurecida desde el regreso de Donald Trump a la presidencia el pasado 20 de enero. Su administración ha intensificado la cooperación entre agencias policiales y migratorias, ha recurrido con frecuencia a la Ley RICO para combatir el crimen organizado, y ha incrementado significativamente los operativos de detención y deportación de inmigrantes con antecedentes penales.
Organizaciones de derechos civiles, sin embargo, denuncian que algunos arrestos se fundamentan en criterios insuficientes, como la mera presencia de tatuajes que podrían interpretarse como pandilleros, sin pruebas concluyentes. Pese a estas críticas, la narrativa oficial refuerza la idea de que la lucha contra las pandillas también es una forma de proteger las fronteras.
En este contexto, la figura de Rodríguez se convierte en símbolo de una política que mezcla migración, seguridad nacional y justicia penal en un debate cada vez más polarizado.
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