Melody González Pedraza, exjueza cubana señalada por presunta complicidad en actos represivos del régimen de La Habana, se encuentra en la etapa final de su proceso de asilo en Estados Unidos, donde ha permanecido detenida desde hace casi un año tras serle negada la entrada al país.
La audiencia final de su caso se celebró esta semana en un tribunal de Inmigración del sur de Florida. El fallo del juez está previsto para el 8 de mayo, según confirmó el abogado Santiago Alpízar en entrevista con el periodista Mario Pentón. De ser desfavorable la resolución, González Pedraza podría ser deportada a Cuba, como ya ocurrió con su esposo, quien recibió orden de expulsión tras un proceso similar.
Ambos llegaron a territorio estadounidense bajo el programa de Parole Humanitario, implementado durante la administración del expresidente Joe Biden.
Durante el juicio, la defensa intentó desmontar la imagen de represora que pesa sobre González Pedraza, apoyándose en testimonios que la describen como una profesional más. No obstante, Alpízar, presidente de la organización Cuba Demanda, sostuvo que los testimonios recogidos en Calabazar de Sagua, localidad natal de la exjueza, apuntan a una conducta autoritaria y carente de empatía hacia sus conciudadanos.
El caso que más ha marcado su historial judicial en Cuba es el de cuatro jóvenes de Encrucijada, sancionados el 18 de noviembre de 2022 por presuntamente atacar con cócteles molotov propiedades de altos oficiales de la Seguridad del Estado. González Pedraza, entonces presidenta del Tribunal Municipal de Encrucijada, los condenó a penas de entre tres y cuatro años de prisión, pese a que la defensa presentó pruebas que ubicaban a los acusados lejos de la escena del delito.
Según Alpízar, González justificó su sentencia alegando presiones del Tribunal Provincial de Villa Clara, pero dos juezas involucradas en el mismo caso habrían discrepado de la sanción, al considerar que los jóvenes demostraron su inocencia.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó a la exjueza en su base de datos de “Represores Cubanos”, acusándola de prevaricación y persecución política. Este expediente fue uno de los presentados en marzo por el congresista Carlos Giménez ante el Departamento de Seguridad Nacional, como parte de una iniciativa para impedir que funcionarios vinculados al régimen cubano se asilen en EE.UU.
En su defensa, González Pedraza alegó que su militancia en el Partido Comunista fue obligatoria y presentó documentos que, según ella, prueban su renuncia antes de salir del país.
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