Polonia vive momentos de alta tensión social y política tras el estallido de protestas en la ciudad de Toruń, donde más de 10,000 ciudadanos tomaron las calles en repudio al brutal asesinato de una joven local, presuntamente a manos de un inmigrante venezolano de 19 años, quien según reportes intentó violarla y la apuñaló en los ojos para evitar ser identificado.
El crimen ha conmocionado al país y ha reavivado un fuerte debate sobre la política migratoria en la región.
Testimonios recogidos por el diario Patria 1892 indican que el presunto agresor se encontraba en el país de forma ilegal, lo que ha generado duras críticas hacia las autoridades migratorias y de seguridad por su presunta inacción.
Como si fuera poco, otro hecho violento sacudió al país apenas horas después: un ciudadano polaco de 41 años fue asesinado anoche, presuntamente por un migrante colombiano, lo que ha exacerbado aún más los ánimos entre la población.
La situación ha alcanzado un punto crítico.
En varias localidades cercanas a la frontera con Alemania, grupos de ciudadanos han comenzado a organizar patrullas civiles con el objetivo de “vigilar y proteger” el paso fronterizo.
Las autoridades han pedido calma y recordaron que la justicia debe seguir su curso legal, aunque reconocen la creciente presión popular.
Diversos sectores políticos ya han exigido medidas más estrictas en materia de control fronterizo, y algunos han solicitado una moratoria sobre la entrada de migrantes procedentes de América Latina, en especial de Venezuela y Colombia, mientras se revisan los protocolos de seguridad y registro.
El país se enfrenta así a una encrucijada: proteger los derechos humanos y el debido proceso legal, sin dejar de atender el clamor ciudadano por mayor seguridad.
Las investigaciones continúan, y el gobierno ha prometido una respuesta firme “dentro del marco de la ley”.