La Fiscalía General de la República (FGR) de México recibió en extradición a Cristóbal Paulino Fernández Viamonte, un ciudadano con nacionalidad cubana y mexicana, acusado de encabezar una red de trata de personas y explotación sexual de mujeres colombianas en la Península de Yucatán. Su entrega fue realizada por el gobierno de Colombia en cumplimiento del Tratado de Extradición entre ambos países.
Fernández Viamonte, apodado "el rey de la trata de colombianas", operaba en Mérida, Yucatán, donde administraba varios bares en los que presuntamente explotaba a mujeres reclutadas en Colombia bajo falsas promesas de empleo bien remunerado. Según las investigaciones, las víctimas eran convencidas de viajar a México para trabajar como meseras, con la promesa de condiciones laborales favorables. Sin embargo, una vez en territorio mexicano, eran obligadas a ejercer la prostitución, mantenidas bajo vigilancia y amenazadas para evitar que escaparan o denunciaran.
Las autoridades mexicanas documentaron que el acusado cubría los costos del traslado de las mujeres desde Colombia y utilizaba mecanismos de intimidación para controlar a las víctimas. Se ha identificado que la red delictiva se extendía principalmente en las ciudades de Cancún y Mérida, donde las mujeres eran retenidas contra su voluntad y sometidas a condiciones de explotación extrema.
Fernández Viamonte fue arrestado el 10 de julio de 2024 en Medellín, Colombia, donde residía desde hacía cuatro años. Su detención fue producto de una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y las autoridades mexicanas, en respuesta a una orden de captura con fines de extradición emitida por un juez federal en Yucatán.
El 21 de marzo, fue trasladado desde Colombia al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde fue recibido por agentes de la FGR y posteriormente llevado a Mérida para ser presentado ante un juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal. Ahí enfrentará cargos por los delitos de trata de personas agravada y explotación sexual agravada.
Las autoridades continúan investigando la estructura de la red delictiva para identificar a otros involucrados en la captación y explotación de mujeres. Se espera que el caso derive en nuevas detenciones y desmantelamiento de organizaciones vinculadas al tráfico de personas en la región.
La FGR ha reiterado su compromiso en el combate a la trata de personas y ha exhortado a posibles víctimas a denunciar cualquier caso de explotación. Mientras tanto, Fernández Viamonte permanecerá bajo custodia en Mérida, en espera del proceso judicial que determinará su responsabilidad en los hechos imputados.
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