Un juez federal en el Distrito Norte de California impidió temporalmente que el Gobierno de Donald Trump pusiera fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para 350,000 migrantes venezolanos en Estados Unidos. La medida, impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, habría dejado sin protección a cientos de miles de personas a partir de abril de 2025.
La administración de Joe Biden otorgó el TPS a los venezolanos en marzo de 2021, debido a la creciente crisis en su país, y lo extendió en 2023. Antes de dejar la Casa Blanca, Biden renovó el programa por 18 meses adicionales. Sin embargo, Noem intentó revertir esta decisión, afectando no solo a los 350,000 beneficiarios cuyo estatus vencía en abril, sino también a otros 250,000 que perderían su protección en septiembre.
Los demandantes, migrantes venezolanos amparados por el TPS, argumentaron que la revocación de Noem violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, al no seguir los protocolos adecuados para cambios de política. Además, señalaron que la decisión tenía motivaciones raciales y políticas, citando declaraciones de Noem y Trump que, según ellos, denigraban a los migrantes venezolanos.
En una audiencia celebrada el 24 de marzo, el juez Edward Chen cuestionó al Departamento de Justicia sobre la aparente discriminación detrás de la medida. "¿No son problemáticas declaraciones basadas en generalizaciones negativas sobre un grupo de 600,000 venezolanos?", preguntó. La abogada del Departamento de Justicia, Anna L. Ditcher, respondió que los comentarios de Noem fueron sacados de contexto y que se referían a miembros de la pandilla Tren de Aragua.
En su fallo, Chen sostuvo que la revocación del TPS causaría "daño irreparable" a cientos de miles de personas, afectando sus vidas, familias y estabilidad financiera. Además, advirtió que la decisión podría costarle a EE.UU. miles de millones en actividad económica y poner en riesgo la seguridad y salud pública en varias comunidades.
Este caso es parte de una serie de demandas presentadas en Maryland, Nueva York y Massachusetts por grupos defensores de los derechos de los inmigrantes. La batalla legal sobre el TPS para venezolanos continúa, pero por ahora, la orden de Noem ha sido bloqueada, dando un respiro a miles de familias que dependen de esta protección.