En Cuba, el aparato judicial del régimen no pierde oportunidad para exhibir su supuesta firmeza en la lucha contra la ilegalidad. A través de juicios “ejemplarizantes”, el Estado impone duras condenas a ciudadanos de a pie por delitos como el tráfico de medicamentos o pequeños actos de corrupción. Sin embargo, en una alarmante contradicción, los casos que involucran a altos dirigentes y funcionarios del gobierno suelen desvanecerse en el silencio, sin que el pueblo conozca sus sanciones o siquiera si realmente son procesados.
El escritor Cesario Navas lo expone con claridad en su reciente reflexión: “Antes de empezar otra 'heroica' lucha contra las ilegalidades, las drogas, la malversación y la bien conocida y terrible corrupción, deben dar, YA, al pueblo que espera, la información sobre los procesos penales -si, en realidad existen- de los grandes corruptos de cuello blanco al estilo de Alejandro Gil”.
Gil Fernández, exministro de Economía, fue destituido en octubre de 2023 tras ser señalado por supuestos actos de corrupción. Sin embargo, desde entonces, el régimen ha mantenido total hermetismo sobre su caso. A diferencia de los juicios rápidos y mediáticos contra ciudadanos comunes, la cúpula gubernamental parece blindarse ante la justicia. No hay detalles sobre su procesamiento, no se conocen las pruebas en su contra ni las sanciones que pudo haber recibido.
La corrupción en Cuba no es un problema aislado de pequeños burócratas o traficantes oportunistas. Está arraigada en la estructura misma del Estado, donde los privilegios de la élite política permiten el saqueo de los recursos nacionales sin temor a represalias. Como bien señala Navas, “parece que carecen de capacidades para concluir con estos bochornosos procesos y quieren dar muestras de que hay talento para abrir otros nuevos frentes”.
La pregunta sigue sin respuesta: ¿Dónde están los juicios contra los ministros, viceministros y directores corruptos que han llevado al país al colapso económico? ¿Qué pasó con los millones de dólares desaparecidos en empresas estatales, en importaciones fantasmas y en negociaciones oscuras con aliados extranjeros?
El régimen ha demostrado una vez más que la justicia en Cuba es un instrumento de control, no de equidad. Los hijos de Liborio, como bien dice Navas, merecen respuestas. Pero mientras el poder siga protegiendo a sus verdaderos culpables, la impunidad seguirá siendo la norma para los poderosos y la cárcel, la única sentencia para el pueblo.
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