El periódico oficialista 5 de Septiembre, de la provincia de Cienfuegos, informó sobre la reciente sanción impuesta a cinco ciudadanos cubanos por delitos vinculados al tráfico de sustancias controladas dentro del centro penitenciario de Ariza, en el municipio de Rodas.
Según el medio, los juicios se realizaron de manera "ejemplarizante" dentro de la propia prisión, con la presencia de otros internos, familiares de los acusados y oficiales del Órgano de Prisiones. La Sala Penal Primera del Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos encontró culpables a Rafael Torreinte Sarría, Alfredo Luis Limonte Rodríguez, Yoelsy Correa Garcés, Dany Osmel Salgado Ordóñez y Reina Milian Yane por la posesión y distribución de difenhidramina (benadrilina), un medicamento controlado por el Ministerio de Salud Pública debido a sus efectos similares a los de los estupefacientes.
Las penas impuestas oscilan entre los seis y quince años de privación de libertad, conforme a lo establecido en el artículo 235.1 del Código Penal. Además, los sancionados perderán derechos como el sufragio activo y pasivo, la posibilidad de ocupar cargos de dirección y la salida del país hasta cumplir sus condenas, de acuerdo con los artículos 42.1.3 y 59.1 del mencionado código.
El diario subraya que en Cuba no se penaliza el consumo de drogas, pero sí la tenencia y el tráfico, con sanciones que pueden alcanzar los 30 años de prisión, la cadena perpetua o incluso la pena de muerte en los casos más graves.
El periódico 5 de Septiembre también señala que los acusados pueden interponer un recurso de casación contra la decisión judicial. No obstante, recalca que las autoridades seguirán aplicando penas severas para evitar la propagación del tráfico de drogas, incluso dentro de los centros penitenciarios.
El caso refuerza la narrativa del régimen sobre la severidad de su sistema de justicia en relación con los delitos asociados a drogas, destacando la realización de los juicios en el propio penal como un mecanismo de advertencia para otros reclusos. Mientras tanto, la población sigue cuestionando la efectividad de estas medidas, en un contexto donde los problemas sociales y económicos han propiciado el aumento del mercado negro de medicamentos en la isla.
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