Lewelyn Dixon, una trabajadora del sistema médico de la Universidad de Washington, fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al regresar de un viaje a Filipinas, a pesar de ser residente legal permanente en Estados Unidos desde hace más de cinco décadas. La situación ha generado preocupación entre su familia y su comunidad, quienes cuestionan la aplicación de las normas migratorias en casos como el suyo.
Dixon, de 64 años, emigró desde Filipinas cuando era adolescente y ha vivido en el estado de Washington durante la mayor parte de su vida. Desde 2015, trabaja como técnica de laboratorio en la Universidad de Washington. Su detención ocurrió el 28 de febrero en el aeropuerto Seattle-Tacoma (SEA-TAC), cuando agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) la retuvieron sin explicaciones inmediatas. Dos días después, fue trasladada al Centro de Procesamiento de ICE en Tacoma, operado por GEO Group. Su familia no supo de su paradero hasta recibir una llamada de las autoridades.
Según su abogado, Benjamin Osorio, la detención de Dixon estaría relacionada con una condena por malversación de fondos en 2001. En ese entonces, se declaró culpable de sustraer dinero en varias ocasiones de una entidad bancaria donde trabajaba, por lo que cumplió una pena de 30 días en un centro de rehabilitación y pagó una multa de 6,460 dólares. A pesar de haber saldado su deuda con la justicia y de haber renovado su residencia en múltiples ocasiones, el viaje reciente activó un mecanismo legal que permite a las autoridades revaluar la admisibilidad de los residentes permanentes al reingresar al país.
El marco legal estadounidense establece que ciertos delitos pueden hacer que un residente permanente sea considerado "inadmisible" al intentar ingresar nuevamente al territorio nacional, lo que puede resultar en detención obligatoria y posible deportación. "Si no hubiera salido del país, no estaría en esta situación", explicó Osorio. La detención ha causado preocupación no solo por sus implicaciones legales, sino también por su impacto laboral. La Universidad de Washington confirmó que Dixon sigue siendo empleada, pero la incertidumbre sobre su caso podría afectar su puesto de trabajo.
Su familia ha denunciado la falta de información por parte de las autoridades. "Nos decían que estaban revisando documentos, pero no nos explicaban nada", comentó su sobrina Lani Madriaga. Mientras tanto, Dixon pasa sus días en la biblioteca del centro de detención, realizando videollamadas con su familia y conversando con otras personas detenidas. La situación ha sido emocionalmente desgastante, y su próxima audiencia judicial está programada para el 17 de julio. Su abogado intenta adelantarla para evitar una prolongada estancia en detención.
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