El Tribunal Provincial Popular de Las Tunas dictó sentencia contra Mario Quirino Infante Sosa y Maricela Alonso Ojeda, acusados de tráfico de influencias y cohecho en el sector estatal, imponiéndoles penas de 7 y 6 años de prisión respectivamente.
Durante el juicio, se demostró que Alonso Ojeda, en su condición de funcionaria con capacidad para tomar decisiones ejecutivas en el Consejo de la Administración Municipal, utilizó su cargo para apropiarse de productos destinados a la población, en complicidad con Infante Sosa, quien se encargó de su distribución y venta ilegal.
El tribunal determinó que los hechos constituían delito de malversación, según el Artículo 297.1 del Código Penal. Alonso Ojeda fue declarada autora del delito, mientras que Infante Sosa fue considerado partícipe por su colaboración en el desvío y comercialización de los bienes sustraídos.
Ambos deberán cumplir sus respectivas condenas en un centro penitenciario designado por el Ministerio del Interior. Además, como sanción adicional, se les prohibió ejercer cargos que impliquen administración de recursos, así como su derecho al sufragio y la posibilidad de ocupar posiciones de dirección en entidades estatales u organizaciones sociales. También se les impuso la restricción de viajar fuera del país hasta cumplir la sentencia.
El proceso judicial se llevó a cabo con respeto a las garantías procesales y al debido proceso, conforme a la legislación penal cubana. Tanto los sancionados como la Fiscalía tienen derecho a interponer un recurso de casación contra el fallo emitido por el tribunal.
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