Un tribunal federal de apelaciones decidió este miércoles mantener el bloqueo temporal a las deportaciones de migrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma de tiempos de guerra invocada por la administración de Donald Trump.
El fallo, emitido por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, respalda la orden previa del juez James Boasberg, quien prohibió las deportaciones y ordenó el retorno de migrantes ya expulsados, aunque esta última medida no se ejecutó.
La administración Trump utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar la deportación de venezolanos, argumentando que la pandilla Tren de Aragua representaba una "fuerza invasora". La ACLU presentó una demanda en representación de cinco venezolanos detenidos en Texas, cuestionando la constitucionalidad de la medida.
Las juezas Karen LeCraft Henderson y Patricia Millett votaron a favor de mantener la orden que frena las deportaciones, mientras que el juez Justin Walker, nominado por Trump, se opuso. Millett sostuvo que la medida solo mantiene el statu quo mientras se analizan cuestiones legales sin precedentes, mientras que Henderson advirtió que levantar el bloqueo podría enviar a los migrantes a un país que no es el suyo.
Walker, en disidencia, argumentó que el fallo afecta la capacidad del gobierno para negociar temas de seguridad nacional y que el caso debería resolverse en Texas, donde los migrantes están detenidos.
El gobierno de Trump ha defendido su derecho a usar poderes de emergencia para deportaciones expeditas, mientras que sus críticos sostienen que la aplicación de esta ley en tiempos de paz es un abuso de autoridad.
El juez Boasberg ahora evalúa si la administración desacató su orden de retorno de los deportados, aunque el gobierno se ha negado a proporcionar información citando el "privilegio de secreto de estado".
La controversia ha escalado políticamente, con aliados de Trump pidiendo un juicio político contra Boasberg, algo que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, rechazó como una respuesta inadecuada a diferencias judiciales.
Este fallo marca un nuevo capítulo en el tenso enfrentamiento entre el gobierno y el poder judicial en materia de inmigración y derechos procesales.