El presidente Donald Trump firmará una orden ejecutiva que establecerá al inglés como el idioma oficial de Estados Unidos, un hecho sin precedentes en la historia del país, según informaron fuentes de la Casa Blanca a CNBC.
Este decreto, que elimina la obligación de las agencias gubernamentales de proporcionar información en otros idiomas, permitirá que estas entidades decidan si continúan ofreciendo servicios en otros idiomas. La medida revoca una política establecida por el expresidente Bill Clinton que exigía asistencia lingüística para personas con dominio limitado del inglés.
Estados Unidos nunca ha tenido un idioma oficial a nivel federal, a pesar de ser una nación multilingüe con más de 350 lenguas habladas, según la Oficina del Censo. Si bien la mayoría de los ciudadanos hablan inglés, el español y otros idiomas han tenido una presencia significativa en la sociedad estadounidense debido a la inmigración y la diversidad cultural.
La Casa Blanca argumenta que declarar el inglés como idioma oficial fomentará la unidad nacional y mejorará la eficiencia gubernamental. “Esta orden busca fortalecer la identidad nacional y facilitar la integración cívica de los ciudadanos”, señala el informe oficial.
El uso del español y otros idiomas en la esfera pública ha generado debates en varias partes del país. En Texas, por ejemplo, la discusión sobre el español ha sido recurrente debido a la historia del estado, que alguna vez perteneció a México. En 2011, un senador estatal exigió a un activista de derechos de inmigrantes que hablara solo en inglés durante una audiencia legislativa, lo que desató polémica.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han criticado la medida de Trump, señalando que afectará el acceso a servicios esenciales para comunidades que dependen del español y otros idiomas. “Esto es un intento de marginar a quienes no dominan el inglés, dificultando su acceso a educación, salud y otros servicios”, afirmó un portavoz de la Asociación Nacional de Derechos Civiles.
El decreto también tendrá efectos en las agencias gubernamentales y en organizaciones que reciben fondos federales, ya que les otorga la discreción de continuar o no con la provisión de documentos y asistencia en otros idiomas. Esto podría cambiar la forma en que se comunican con comunidades no angloparlantes en áreas como educación, atención médica y servicios legales.
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