La congresista María Elvira Salazar ha sido una de las voces más activas en el Congreso en la defensa de los inmigrantes cubanos con el formulario I-220A, documento que en muchos casos ha representado una barrera para que miles de personas regularicen su estatus migratorio en EE.UU. Durante la administración de Joe Biden, Salazar expuso en repetidas ocasiones sus esfuerzos para que estos inmigrantes fueran reconocidos bajo el amparo de la Ley de Ajuste Cubano. Sin embargo, a pesar de sus gestiones, no logró que la Casa Blanca adoptara la solución que ella promovía.
Ahora, con una nueva administración republicana en el poder, la pregunta es inevitable: ¿qué está haciendo María Elvira Salazar para lograr su objetivo? Si antes culpaba al gobierno demócrata por la falta de avances, debería ahora tener un camino más fácil para resolver el problema, ya que su propio partido está a cargo del Ejecutivo.
El abogado de inmigración Willy Allen ha sido claro en su análisis: el problema de la I-220A no es una cuestión legal, sino administrativa. La Ley de Ajuste Cubano sigue vigente y permite a los cubanos ajustar su estatus tras un año y un día en el país. Sin embargo, la administración anterior catalogó el I-220A como una simple orden de supervisión, en lugar de un parole, lo que impide que miles de cubanos accedan a este beneficio migratorio. Allen sostiene que la solución está en manos del Ejecutivo y que la nueva administración podría modificar esta interpretación con una simple orden administrativa.
A la luz de este argumento, la congresista Salazar debería enfocar sus esfuerzos en presionar a la administración republicana para que haga los cambios necesarios. Su partido controla el poder ejecutivo y podría implementar rápidamente una solución. Sin embargo, hasta el momento no ha habido anuncios concretos sobre cómo su oficina está abordando este problema en el nuevo contexto político.
En un video reciente, la congresista respondió a quienes critican su gestión, resaltando sus esfuerzos previos y su constante lucha por los inmigrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos. Además, envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional instando a que se mantengan las protecciones contra la deportación para estas comunidades. Sin embargo, la carta no aborda la solución clave al problema del I-220A, que, según expertos, podría resolverse desde la propia administración sin necesidad de una nueva ley.
El momento de culpar a la administración anterior ha pasado. Ahora, con el Partido Republicano en el poder, María Elvira Salazar tiene la oportunidad de demostrar que su compromiso con los inmigrantes no era solo un discurso político, sino una verdadera prioridad. Si realmente quiere ayudar a los cubanos con I-220A, su gestión debe ir más allá de cartas y videos y traducirse en resultados concretos. La comunidad migrante sigue esperando acciones reales.
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