El sector ganadero en la provincia de Las Tunas atraviesa una crisis sin precedentes, reflejada en la alarmante pérdida de 18,448 cabezas de ganado respecto a 2023, de ellas 9,363 ejemplares corresponden a hurto y sacrificio ilegal, lo que evidencia un colapso progresivo del sector agropecuario en la región.
Las cifras divulgadas revelan que en diciembre de 2024 se contabilizaban 203,381 cabezas, registrándose descensos en todos los municipios, siendo los más afectados Las Tunas (-5,176), Jobabo (-3,446) y Majibacoa (-2,537). Estos números reflejan la ineficacia de las medidas gubernamentales para frenar el declive del sector.
El impacto de esta crisis no solo se traduce en la disminución de la masa ganadera, sino también en el desplome de la producción lechera, la cual alcanzó apenas el 69% de la meta prevista. Esta caída afecta directamente la alimentación de niños, embarazadas y enfermos, reflejando una grave falla en la garantía de un producto básico.
Entre las causas principales de este desastre figuran la falta de incentivos para los productores, los impagos y el descontrol en la gestión. La provincia cuenta con 65,259 hembras en reproducción, pero solo 2,213 están vinculadas a la inseminación artificial, un problema agravado por la escasez de nitrógeno y la ausencia de centros de producción de sementales.
La deficiencia en la vacunación también ha impactado la salud del ganado. La prevención contra el carbunco sintomático solo alcanzó el 5% de la población bovina, mientras que la aplicación del Gavac, esencial contra las garrapatas, se limitó al 48%. La falta de personal capacitado en las unidades productivas contribuye a esta situación.
A esto se suma la crónica insuficiencia de pastos y forrajes. De las 2,623.6 hectáreas planificadas para la siembra de alimento para el ganado, solo se lograron cultivar 791.8, lo que condena a los rebaños a la desnutrición y la muerte por inanición. No es de extrañar que, debido a estas condiciones, en Las Tunas murieran 1,863 reses más que en 2023.
El hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor ha alcanzado cifras escandalosas, con 9,363 pérdidas reportadas. La impunidad y el descontrol fomentan estas prácticas, las cuales no solo afectan a los productores, sino que comprometen la seguridad alimentaria de toda la población.
Si el gobierno no adopta medidas efectivas y urgentes, la ganadería en Las Tunas continuará en picada, arrastrando consigo la economía y el bienestar de la provincia. La desaparición de este sector no es una posibilidad lejana, sino una realidad que ya comienza a sentirse en el día a día de los tuneros.
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