Organizaciones de derechos humanos y abogados de inmigración han alzado la voz esta semana tras conocerse que algunos migrantes detenidos en Estados Unidos fueron informados por las autoridades de que serían deportados a Libia, un país con graves antecedentes en violaciones de derechos humanos y que no corresponde a su lugar de origen.
La alerta legal fue presentada ante un tribunal por abogados que representan a migrantes provenientes de países como Vietnam, Laos y Filipinas. De acuerdo con sus declaraciones, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) notificaron a algunos de sus clientes que serían enviados a Libia o, en otros casos, a Arabia Saudita. La situación fue considerada lo suficientemente alarmante como para que un juez determinara que los migrantes no podían ser expulsados sin antes tener la oportunidad de impugnar legalmente la deportación.
Este episodio ocurre en un contexto de políticas migratorias más estrictas por parte del gobierno estadounidense, que incluyen deportaciones a gran escala y el uso de terceros países como destinos de expulsión. Un caso reciente que generó críticas fue el traslado de ciudadanos venezolanos a una prisión de alta seguridad en El Salvador.
Según una fuente del gobierno federal, existían planes para utilizar un avión militar C-17 para transportar a un grupo de migrantes hacia Libia, aunque no se proporcionaron detalles sobre fechas ni números. La fuente pidió anonimato debido a la sensibilidad de las operaciones militares involucradas.
En una declaración judicial, abogados señalaron que el pasado martes, agentes del ICE reunieron a seis migrantes en un centro de detención en el sur de Texas y les exigieron firmar documentos que autorizaban su deportación a Libia. Al negarse, los migrantes habrían sido trasladados a salas separadas y esposados, en un aparente intento de presionarlos para que accedieran.
Uno de los casos destacados fue el de un ciudadano filipino que, según su abogado, fue informado de que sería enviado a Libia. La defensa solicitó una entrevista formal con las autoridades antes de proceder con cualquier traslado, alegando el temor fundado del migrante ante una posible deportación a un país con el que no guarda vínculo alguno.
Los expertos advierten que el envío de migrantes a naciones terceras, especialmente a zonas inestables como Libia, representa una grave amenaza para la integridad física de los deportados y podría contravenir el derecho internacional.
Este tipo de prácticas, argumentan los defensores de derechos humanos, no solo socavan las garantías legales de los migrantes, sino que también podrían exponerlos a situaciones de violencia, detención arbitraria o trata de personas.
Fuente: AP