Cuando se cumplen cuatro años de las masivas protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba —conocidas como el 11J—, tres organizaciones no gubernamentales han publicado un informe alarmante que denuncia la persistente represión del régimen cubano. Según el documento, el 65% de los presos políticos actuales en la isla fueron detenidos por manifestarse aquel día.
El informe fue elaborado por Prisoners Defenders, el Consorcio Justicia Cuba y el Centro para una Cuba Libre, y se publica justo cuando se conmemora la histórica jornada en la que miles de cubanos salieron a las calles de más de 50 ciudades para exigir libertad, el fin de la dictadura, y mejoras en condiciones básicas como el acceso a alimentos, medicamentos y servicios públicos.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, aseguró en declaraciones a Infobae que la situación en Cuba no ha mejorado desde entonces, sino que ha empeorado considerablemente. “La represión, la falta de libertades, el desabastecimiento de alimentos, medicinas, agua y electricidad siguen siendo parte del día a día de los cubanos. Pero ahora con más miedo que antes”, indicó.
El documento destaca que, desde 2021, más de 2.000 personas fueron procesadas penalmente por participar —o simplemente estar cerca— de las manifestaciones. De ellas, al menos 752 personas continúan cumpliendo condenas, incluyendo 73 mujeres y 28 jóvenes que eran menores de edad al momento de ser arrestados.
“La mayoría de estos manifestantes han recibido penas extremadamente duras, con sentencias que superan los 20 y hasta los 30 años de cárcel por cargos como sedición o desórdenes públicos”, señala el informe. Las organizaciones denuncian además que muchas de estas personas fueron detenidas arbitrariamente, solo por grabar con sus celulares o estar presentes en el lugar de los hechos.
El texto también critica con dureza la falta de acción por parte de las democracias occidentales, en especial de Canadá, Noruega y la Unión Europea, a quienes acusa de guardar silencio frente a las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Cuba.
“Desde 2024, al menos cinco presos políticos han muerto bajo condena en cárceles cubanas, muchos enfermos y sin recibir atención médica adecuada. El silencio de estas naciones no es solo una omisión, es complicidad”, declaró Larrondo.
El activista remarcó que la comunidad internacional debe asumir su responsabilidad y ejercer presión efectiva sobre el régimen cubano. “No se puede combatir a criminales de lesa humanidad con diplomacia silenciosa. Se necesitan medidas firmes, públicas y coherentes con los valores democráticos que estos países dicen defender”, subrayó.
A cuatro años del 11J, el informe concluye que, lejos de haber sido un hecho aislado, las protestas de 2021 siguen siendo un símbolo de resistencia en Cuba, y que sus protagonistas —hoy presos políticos— representan la voluntad de cambio de un pueblo que, pese a la represión, no ha renunciado a su derecho a la libertad.
(Con información de Infobae)
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