El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones directas contra Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y gobernante designado de la Isla, responsabilizándolo por “graves violaciones a los derechos humanos”, especialmente durante la represión de las protestas del 11 de julio de 2021.
La decisión se hizo pública en coincidencia con el cuarto aniversario de aquella jornada, que marcó un hito de resistencia ciudadana contra el régimen cubano y que aún resuena en la memoria del exilio y la disidencia.
Junto a Díaz-Canel, fueron sancionados Álvaro López Miera, ministro de Defensa y Lázaro Álvarez Casas, ministro del Interior.
A los tres se les prohíbe la entrada a Estados Unidos, extendiendo esa prohibición a sus familiares inmediatos.
Según el Departamento de Estado, la medida se ampara en el presupuesto de 2025, que permite negar visas a funcionarios implicados en corrupción o represión sistemática.
La sanción a Díaz-Canel marca un antes y un después en la política exterior estadounidense hacia Cuba. Pese a ser el rostro del poder en la Isla desde 2018, nunca antes había sido objeto de sanciones personales, ni siquiera durante el gobierno anterior de Donald Trump. Ahora, con Trump nuevamente en la Casa Blanca, esta ofensiva diplomática podría aislar aún más al régimen cubano en los foros internacionales.
El impacto simbólico también es profundo: la medida podría impedir que Díaz-Canel asista a eventos multilaterales como la Asamblea General de la ONU, adonde viajó en 2018 y 2023 acompañado de su esposa Lis Cuesta. Su mandato, vigente hasta 2028, enfrentará así crecientes barreras diplomáticas.
Las sanciones incluyen además 11 hoteles vinculados al conglomerado militar GAESA, entre ellos propiedades emblemáticas como la “Torre K” en La Habana. También se impusieron restricciones de visado a jueces y carceleros implicados en torturas, aunque sus nombres no fueron revelados.
El costo humano del 11J sigue siendo inaceptable, señaló el senador Marco Rubio, quien exigió pruebas de vida de José Daniel Ferrer, líder opositor encarcelado y sometido —según denuncias— a tratos crueles.
De acuerdo con Justicia 11J, más de 1.500 personas fueron arrestadas tras las protestas. A pesar de un acuerdo entre el Vaticano y la administración Biden para liberar a 553 presos, solo 212 fueron excarcelados, muchos de ellos recapturados.
Informes de Human Rights Watch y del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas confirman una crisis carcelaria severa, con denuncias de desnutrición, falta de atención médica y torturas. La comunidad internacional observa con alarma el deterioro progresivo de los derechos humanos en la Isla.
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