En Cuba, grabar una cola para comprar gas puede costarte cinco años y medio de prisión. Esa es la absurda y alarmante realidad que enfrenta Julio César Duque de Estrada, detenido en Santiago de Cuba por ejercer su derecho a filmar una aglomeración en un espacio público. La Fiscalía ha solicitado para él una condena de 5 años y 6 meses de cárcel, en lo que constituye un nuevo y grave atentado contra la libertad de expresión en la isla.
Julio César, de 56 años, no es un desconocido para el régimen: es el padre de Dairon Duque de Estrada, uno de los manifestantes del 11 de julio de 2021, actualmente preso político. Su activismo cívico ha sido motivo suficiente para ser vigilado y hostigado. En esta ocasión, su “delito” fue simplemente grabar con su teléfono la aglomeración de personas en una cola para adquirir gas doméstico. Un agente de la Seguridad del Estado, identificado como Mario Raciel Soulary Garcés, le ordenó que dejara de filmar. La negativa de Julio César provocó un forcejeo cuando el oficial intentó arrebatarle el teléfono por la fuerza, como suele hacer este cuerpo represivo.
Pese a que fue Soulary quien originó la confrontación, es Duque de Estrada quien ahora enfrenta cargos por Atentado, Resistencia y Desacato. El guion del régimen se repite: se criminaliza al ciudadano que denuncia, mientras se blinda la impunidad de los represores. El oficial involucrado, Soulary Garcés, ha sido denunciado previamente por conductas violentas, acoso, intimidación a menores y detenciones arbitrarias, pero su historial no parece preocupar a la Fiscalía.
La petición fiscal fue firmada por Lenna Sardina Santana, una joven de apenas 26 años, recién graduada de Derecho en la Universidad de Oriente. Pese a profesar la fe católica y haber sido reconocida públicamente por las autoridades del régimen, Sardina ha optado por respaldar una acusación injusta que contribuye a destruir la vida de un hombre que lleva ya nueve meses en prisión preventiva por filmar un hecho cotidiano.
Este nuevo caso se suma al de Alexander Verdecia, a quien recientemente la Fiscalía solicitó diez años de cárcel por publicaciones en Facebook. Ambos ejemplos reflejan el uso del sistema judicial como herramienta para silenciar voces críticas y mantener a raya a cualquier ciudadano que se atreva a mostrar la verdadera cara del país.
La represión no solo la ejecutan los altos mandos: se sostiene gracias a jóvenes fiscales, jueces y funcionarios que eligen colaborar con un aparato que aplasta los derechos fundamentales. A ellos hay que recordarles que siempre hay otra opción: no prestarse para ser cómplices de la injusticia. La historia observa y juzga. Y lo que hoy parece poder, mañana puede ser vergüenza.
Julio César Duque de Estrada no debería estar enfrentando años de cárcel, sino siendo reconocido por ejercer pacíficamente un derecho que a todo ciudadano le corresponde: mostrar la verdad.
Fuente: Periodista Mario J. Pentón
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