La aparición de varios niños durmiendo frente al hotel Gran Muthu, en Miramar, encendió la indignación en redes y forzó al Noticiero Nacional de Televisión a tratar un fenómeno poco reconocido: menores en situación de calle en La Habana, trabajando y mendigando. Sin embargo, el espacio oficial centró el enfoque en la “irresponsabilidad de los padres” y confirmó procesos penales contra algunos de ellos.
“Se han radicado procesos penales contra los padres de estos niños por incumplimiento grave de la responsabilidad parental”, declaró Alina Montesinos Lee, vicefiscal general, al aludir a “familias disfuncionales” incapaces de cumplir su rol. El reporte presentó el caso como un problema de conducta y desatención familiar, y no como reflejo del empobrecimiento acelerado que afecta a amplios sectores. Según los funcionarios, los menores “provienen de hogares donde los tutores no cumplen con su deber de protección” y muchos “presentan comportamientos inadecuados en la escuela y en la comunidad”.
Las autoridades señalaron que la Fiscalía ordenó investigaciones y medidas cautelares apoyadas en el artículo 86 de la Constitución y el Código de las Familias. En paralelo, admitieron limitaciones institucionales: “Faltan plazas cubiertas”, reconoció Yaniris Hernández Vento, viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social, lo que reduce la capacidad estatal para actuar “de forma integral y oportuna”.
El noticiero aludió de pasada a la “compleja situación” económica, sin profundizar en factores como migración masiva, desempleo e inflación, que erosionan la capacidad de los hogares para sostener a la niñez. Se reiteró el énfasis en “tolerancia cero” frente a la mendicidad y el trabajo infantil, así como la “responsabilidad de las escuelas” para alertar sobre ausencias o conductas “impropias”. Funcionarios describieron “niños asediando el turismo” o pidiendo dinero en parques y áreas hoteleras, sin datos sobre el número de casos ni sobre apoyos sociales más allá de las sanciones. Aunque se habló de “acciones integrales” y “acompañamiento institucional”, no se precisaron programas concretos de protección o reinserción.
Organizaciones independientes y especialistas sostienen que descargar la culpa en las familias oculta la raíz estructural del problema. La pobreza, la inseguridad alimentaria y la falta de políticas sociales efectivas empujan a más niños a sobrevivir en las calles o a trabajar de forma informal, mientras el discurso oficial mantiene como mensaje principal que la responsabilidad recae en los hogares.
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