En medio de un creciente número de personas vulnerables en la Isla y una desproporcionada inversión en el sector turístico, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, continúa con su discurso demagógico, prometiendo mejoras en la política social y salarial sin ofrecer soluciones reales a la crisis económica y humanitaria que viven los cubanos.
El régimen ha anunciado recientemente un supuesto "perfeccionamiento" de su política social, así como la realización de un estudio para revisar las políticas salariales del sector estatal. Sin embargo, estas promesas llegan en un contexto de creciente precariedad, pobreza y un evidente deterioro institucional que pone en duda la viabilidad de estas medidas.
Una de las principales estrategias anunciadas es la creación de comisiones de atención a las políticas sociales en los niveles nacional, provincial y municipal. Según el discurso oficial, estas estructuras pretenden garantizar la protección de los sectores más vulnerables, pero la realidad muestra que el Estado ha sido incapaz de cumplir con sus obligaciones más básicas.
Paradójicamente, estas nuevas medidas surgen después de la eliminación del Instituto Nacional de Seguridad Social en 2024, una decisión que dejó un vacío en la gestión institucional de las políticas sociales. Además, el gobierno ha optado por delegar parte de la asistencia social a actores privados y cooperativos, lo que representa un abandono de su responsabilidad en garantizar derechos básicos a los ciudadanos.
Este giro en la estrategia gubernamental plantea serias dudas sobre la efectividad de los programas sociales, que ahora podrían depender de iniciativas con fines de lucro o de alcance limitado, mientras el gobierno continúa destinando recursos millonarios al sector turístico en detrimento de la salud, la educación y la asistencia social.
Otra de las iniciativas mencionadas por el gobierno es la creación de un nuevo Código de Trabajo aunque hasta el momento no se han presentado detalles sobre su contenido ni se han garantizado mecanismos participativos para que los trabajadores y sindicatos independientes puedan contribuir a su elaboración. Este contexto de incertidumbre y falta de transparencia refuerza la idea de que el régimen no busca mejorar las condiciones laborales, sino perpetuar el control sobre la fuerza de trabajo.
Uno de los puntos más sensibles en el discurso gubernamental es el de los salarios estatales, cuyo poder adquisitivo ha colapsado. Mientras el gobierno reconoce la existencia de "distorsiones" en la política salarial, no propone soluciones reales para frenar la crisis económica que ha empujado a miles de trabajadores a abandonar el sector público en busca de alternativas en el extranjero.
Ejemplo de ello son los médicos, cuyos salarios resultan insuficientes para cubrir siquiera los productos básicos en el mercado informal. Esta situación se replica en sectores estratégicos como la educación, la administración pública y la cultura, condenando a profesionales altamente capacitados a la precariedad absoluta.
Otro aspecto a tener en cuenta es el envejecimiento poblacional en Cuba, una de las crisis más graves que enfrenta el país. Con una natalidad en declive y una emigración masiva, los adultos mayores son el único grupo poblacional en crecimiento. Sin embargo, el sistema de seguridad social se encuentra al borde del colapso, y las pensiones son insuficientes para garantizar una vida digna a aquellos que desperdiciaron toda su vida por un sistema que solo les da la espalda.
Miles de jubilados se ven obligados a reincorporarse al mercado laboral para poder subsistir, mientras el gobierno cubano ignora su responsabilidad en brindar soluciones efectivas. La falta de acceso a servicios básicos, la indigencia y el abandono de personas mayores reflejan el fracaso del régimen en su deber de garantizar protección a los más vulnerables.
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