La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar ha intensificado sus esfuerzos para evitar la deportación de cubanos con el formulario I-220A, un documento entregado a miles de migrantes al llegar a la frontera de EE.UU. y que ha generado confusión sobre su estatus legal.
En una entrevista concedida al canal AméricaTeVé del sur de Florida, la representante republicana reafirmó su postura sobre este tema, señalando que estos migrantes no deberían ser considerados ilegales. "La gente de la I-220A no son ilegales", afirmó.
Salazar explicó que muchas de estas personas son jóvenes que han comenzado a integrarse en la sociedad estadounidense y que cuentan con una vía hacia la residencia legal a través de la Ley de Ajuste Cubano, vigente desde 1966. Esta ley permite a los cubanos obtener la residencia permanente después de un año y un día en el país.
Durante la entrevista con el periodista Juan Manuel Cao, la congresista aseguró que está en comunicación con las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para proteger a los cubanos con I-220A. Su objetivo es que estos migrantes sean reconocidos como personas con derecho a acogerse al ajuste cubano en lugar de ser tratados como sujetos de deportación inmediata.
Uno de los casos más recientes que Salazar ha abordado es el de Laura de la Caridad González Sánchez, una estudiante de Enfermería de 25 años, detenida tras presentarse a una cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miramar, Florida.
La representante confirmó que al menos 18 cubanos con este documento permanecen detenidos actualmente y exhortó a los afectados a contactar su oficina para reportar situaciones similares.
Salazar criticó duramente a la anterior administración de Joe Biden, a la que responsabiliza de no haber otorgado a los cubanos con I-220A un "parole in place" que les permitiera acogerse sin trabas a la Ley de Ajuste Cubano.
"La gente de Biden no lo quiso hacer. Esa es la verdad y tuvieron cuatro años para hacerlo, Mayorkas siendo cubanoamericano. No les dio la gana", declaró en referencia a Alejandro Mayorkas, exsecretario de Seguridad Nacional.
Para lograr una solución definitiva, la congresista indicó que está trabajando en conjunto con los legisladores cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, buscando que la Administración Trump establezca políticas claras sobre el I-220A.
"Los tres estamos hablando el mismo idioma", afirmó Salazar, sugiriendo que el bloque cubanoamericano en el Congreso está alineado en este tema.
Se estima que cientos de miles de cubanos recibieron el I-220A tras entregarse a las autoridades en la frontera. Este documento les exige comparecer ante la corte de inmigración y reportarse periódicamente con las autoridades migratorias.
El futuro de estos migrantes sigue siendo incierto, a la espera de que las gestiones de Salazar y otros legisladores logren evitar las deportaciones y garantizar que puedan acogerse a un camino legal dentro de EE.UU.