Melody González Pedraza, una jueza proveniente de Villa Clara, Cuba, llegó al Aeropuerto Internacional de Tampa el jueves por la mañana mediante el programa de Parole Humanitario. Al arribar, se le negó la entrada debido a su historial judicial en Cuba, pero solicitó asilo político y actualmente se encuentra detenida esperando una decisión judicial, según informó su patrocinador, Roberto Castellón.
González Pedraza fue responsable de la condena de cuatro jóvenes a penas de tres y cuatro años de prisión, tras ser acusados de lanzar cócteles molotov contra propiedades de la policía y la Seguridad del Estado en Encrucijada, Villa Clara, en noviembre de 2022. La sentencia, emitida el 8 de mayo de 2024, también contó con la firma de las juezas Marlenis Toriza Rivero y Ana Ivis Rodríguez Rodríguez. Las pruebas se basaron principalmente en testimonios obtenidos por la Seguridad del Estado y la retractación de una confesión.
Desde Cuba, familiares de los condenados han criticado duramente a González Pedraza. Dunia Marisol Rodríguez Milián, madre de uno de los jóvenes, expresó su frustración: "Intentaron fabricar pruebas, pero no encontraron ninguna. Sin embargo, mi hijo fue condenado a cuatro años de prisión". Rodríguez Milián también señaló la ironía de que su hijo no pudiera beneficiarse del parole humanitario mientras González Pedraza sí lo consiguió.
La madre de otro condenado, Ana Iris Pedraza Balero, también manifestó su indignación y pidió que no se conceda asilo a la jueza, alegando abuso de poder en sus funciones.
González Pedraza eliminó recientemente sus redes sociales, donde solía compartir propaganda a favor del régimen cubano, lo que añade más controversia a su solicitud de asilo.
El proceso legal que enfrenta González Pedraza en Estados Unidos incluye una entrevista inicial con oficiales de inmigración, donde debe demostrar miedo creíble a regresar a Cuba. Si se le concede la entrevista de miedo creíble, tendrá que defender su caso ante un juez, quien decidirá si otorga el asilo o ordena su deportación.
Por su parte, Castellón, primo de González Pedraza y su patrocinador en este proceso, defendió a la jueza, alegando que cumplía con su trabajo y que la han incluido injustamente en una lista de represores cubanos. Esta lista, elaborada por la Foundation for Human Rights in Cuba, recopila denuncias de residentes en Estados Unidos sobre presuntos represores en la isla.
El desenlace de este caso sigue siendo incierto, y González Pedraza enfrenta un proceso complejo en su búsqueda de asilo en Estados Unidos.
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