A partir de este 1 de julio de 2025, entrarán en vigor más de un centenar de nuevas leyes en Florida, abarcando una diversidad de sectores como seguridad pública, salud, educación, medioambiente, vivienda y transporte.
Sin embargo, uno de los enfoques más polémicos ha sido el endurecimiento de las políticas migratorias, con leyes que refuerzan el control sobre los inmigrantes indocumentados y limitan las vías informales de llegada al estado. El paquete legislativo, respaldado por el gobernador Ron DeSantis, busca consolidar una visión de estado más estricto, ordenado y conservador.
Entre las leyes migratorias más destacadas se encuentra la SB 830, que prohíbe de manera tajante el uso de embarcaciones improvisadas para transportar migrantes. Esta norma responde a un aumento en los cruces marítimos, particularmente de cubanos y haitianos, que intentan llegar a las costas de Florida en balsas o embarcaciones precarias.
La ley HB 915 penaliza la publicidad engañosa de servicios migratorios ofrecidos por personas que no son abogados, buscando frenar fraudes que afectan a comunidades vulnerables.
Las nuevas medidas en inmigración reflejan un clima de mayor fiscalización y menor tolerancia hacia la migración irregular, lo que podría impactar profundamente a miles de familias hispanas que viven en el estado.
Además, se refuerza la colaboración entre las agencias estatales y el Departamento de Seguridad Nacional, una estrategia que podría facilitar la detención y deportación de inmigrantes sin estatus legal.
Más allá del ámbito migratorio, el paquete incluye leyes como la HB 255 ("Ley de Dexter"), que crea una base de datos pública de infractores por crueldad animal, o la SB 612, que convierte en homicidio la distribución de drogas letales a menores.
En salud, destacan leyes que amplían la asistencia médica a niños con enfermedades como diabetes o distrofia muscular, y en educación, se impulsa la enseñanza obligatoria de reanimación cardiopulmonar (RCP) y la lucha contra la trata de personas.
Aunque muchas de estas leyes buscan proteger a los ciudadanos y modernizar servicios públicos, "el conjunto de disposiciones evidencia una visión de estado más restrictiva en derechos y libertades, especialmente para inmigrantes y minorías".
Florida, con más de seis millones de hispanos, se convierte en un laboratorio legislativo que podría marcar tendencia a nivel nacional. El verdadero impacto se medirá en los meses siguientes, cuando las leyes comiencen a moldear la vida cotidiana de millones de residentes.