Un grupo de 59 sudafricanos blancos, en su mayoría familias afrikáneres, llegó recientemente al Aeropuerto Internacional Dulles, en Virginia, tras ser admitidos como refugiados en Estados Unidos, alegando haber sido víctimas de violencia y discriminación en su país de origen.
Esta admisión marca una excepción destacada dentro de la política de refugiados de la administración del presidente Donald Trump, que había suspendido el programa de reasentamiento para la mayoría de los solicitantes de otras regiones del mundo. Los recién llegados fueron recibidos por autoridades estadounidenses y enviados a distintos estados del país, donde comenzarán una nueva vida bajo la protección del estatus de refugiado.
Según un memorando del Departamento de Estado, muchos de estos afrikáneres aseguran haber sido víctimas de ataques violentos relacionados con tensiones raciales en Sudáfrica, incluyendo robos, invasiones de viviendas y asesinatos. También expresaron desconfianza en las autoridades sudafricanas, a quienes acusan de no investigar adecuadamente los crímenes cometidos contra miembros de su comunidad.
La base de su solicitud de refugio está relacionada con el temor a ser perseguidos, un requisito fundamental para acceder a este estatus bajo las leyes internacionales. En este caso, la alegada persecución se basa en una supuesta violencia estructural y racial derivada de políticas de redistribución de tierras impulsadas por el gobierno sudafricano, diseñadas para corregir los desequilibrios heredados del apartheid.
No obstante, el gobierno de Sudáfrica ha rechazado estas acusaciones, negando que exista persecución contra los blancos y calificando el proceso como un acto político que busca desprestigiar la democracia del país. “No pueden aportar pruebas de persecución porque no las hay”, declaró Ronald Lamola, ministro de Relaciones Internacionales, durante una conferencia de prensa en Pretoria.
A diferencia de la mayoría de los refugiados que llegan a EE.UU. tras una evaluación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), este grupo fue aceptado directamente por decisión del gobierno estadounidense, una medida que generó críticas entre defensores de otras comunidades desplazadas que enfrentan situaciones de extrema vulnerabilidad.
El entonces subsecretario de Estado, Christopher Landau, dio la bienvenida al grupo y expresó solidaridad con su situación. “Muchos estadounidenses tienen historias similares en sus raíces. Esta es la tierra de la libertad”, dijo, refiriéndose a los orígenes migratorios de muchas familias estadounidenses.
Los refugiados, bajo la legislación estadounidense, deben demostrar que enfrentan un riesgo creíble de persecución debido a su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o creencias políticas. Además, deben pasar por un estricto proceso de investigación y seguridad antes de ser admitidos. Una vez aceptados, pueden acceder a ayuda gubernamental y comenzar el camino hacia la residencia legal permanente y eventual ciudadanía.
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