El régimen cubano ha calificado la introducción de antenas Starlink en la Isla como una “agresión digital” orquestada por el gobierno de Estados Unidos, según declaraciones recientes de funcionarios de la Aduana General y del control estatal del espectro radioeléctrico.
Aseguran que estos dispositivos, diseñados para proporcionar internet satelital de alta velocidad, están siendo introducidos ilegalmente al país, ocultos en equipajes y electrodomésticos, con el objetivo de desestabilizar al Estado.
De acuerdo con declaraciones recogidas por el perfil oficialista Cuba X Siempre, ya existe en la Isla un “ecosistema ilegal” de antenas Starlink funcionando, lo que, según las autoridades, provoca interferencias en la red estatal de ETECSA, afectando hasta un 12% de las celdas en La Habana.
Este señalamiento contrasta con la creciente demanda de internet libre por parte de los cubanos, quienes ven en Starlink una vía para sortear el férreo control informativo del régimen.
“El discurso oficial presenta a Starlink como un caballo de Troya moderno, sin embargo, para muchos cubanos representa el único puente hacia una conexión libre de censura y vigilancia.”
Las autoridades insisten en que esta práctica infringe múltiples normas internacionales. Citan regulaciones de la OFAC que restringen transacciones financieras con Cuba sin licencia, la Ley Helms-Burton que sanciona el uso de propiedades confiscadas y normativas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que exigen autorización del país receptor para el uso del espectro radioeléctrico.
Los precios en el mercado negro oscilan entre los 1,300 y 1,800 dólares por dispositivo, a lo que se suman costos de instalación y activación. Muchos usuarios recurren a tarjetas internacionales para contratar el plan itinerante estadounidense o activan el servicio desde países como México o Paraguay.
Las comparaciones con proyectos anteriores como Zunzuneo o como el caso del contratista Alan Gross, buscan reforzar el argumento de que existe una estrategia sostenida de injerencia digital. Sin embargo, este enfoque ignora deliberadamente que el acceso libre a internet es una demanda legítima, no solo del exilio cubano, sino de miles de ciudadanos dentro de Cuba.
“Lejos de garantizar el derecho a la información, el régimen opta por criminalizar toda alternativa tecnológica que escape a su control, reforzando así su monopolio informativo.”
La represión no detiene el anhelo de conexión. Legisladores como María Elvira Salazar han instado a Elon Musk a replicar el modelo ucraniano en Cuba y aunque su respuesta ha sido escueta, muchos interpretan su “OK” en redes sociales como una señal de apoyo. Mientras tanto, en la Cuba de hoy, cada antena Starlink clandestina representa una grieta más en el muro de la censura estatal.
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