Leonardo García Venegas, un joven ciudadano estadounidense, fue arrestado en circunstancias controversiales mientras trabajaba en un sitio de construcción. A pesar de haberse identificado debidamente, varios agentes, presuntamente vinculados a operativos migratorios, lo sometieron, lo esposaron y lo detuvieron brevemente bajo el supuesto de que sus documentos eran falsos.
El hecho ha generado una oleada de críticas en redes sociales y entre organizaciones defensoras de derechos civiles, que consideran el caso como un ejemplo preocupante de perfilamiento racial y abuso de autoridad.
García Venegas relató que durante el operativo, llevado a cabo sin una orden judicial visible, él mostró su identificación emitida por el gobierno de Estados Unidos. “Les dije que era ciudadano, que esos eran mis papeles reales”, declaró. Sin embargo, según su testimonio, los agentes ignoraron sus palabras y lo trataron como a un inmigrante indocumentado. Lo esposaron en el suelo del lugar de trabajo, a plena luz del día y frente a varios compañeros de labor.
“Me sentí humillado, como si mi ciudadanía no valiera nada por cómo me veo o por cómo me apellido”, expresó Leonardo con evidente frustración. La familia del joven ha iniciado acciones legales y solicita una disculpa pública, además de una investigación formal contra los oficiales involucrados.
Abogados del caso aseguran que hay evidencia suficiente para demostrar que los agentes actuaron fuera del protocolo legal y violaron los derechos civiles del joven. La oficina correspondiente del departamento migratorio no ha emitido un comunicado oficial, pero fuentes internas reconocieron que se revisa el caso para evaluar si hubo una mala interpretación o abuso de poder por parte de los agentes.
Este incidente reabre el debate sobre la necesidad de reformas en los procedimientos de detención migratoria, especialmente en contextos donde la ciudadanía no es respetada por prejuicios étnicos o raciales.
El caso de García Venegas es uno más en una lista creciente de ciudadanos detenidos erróneamente en operativos migratorios, lo que ha elevado la presión sobre las autoridades para garantizar transparencia y rendición de cuentas.