El Consejo de Ministros de Cuba aprobó cuatro anteproyectos de ley en una sesión extraordinaria liderada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Aunque presentadas como reformas esenciales para el país, estas propuestas parecen responder más a una estrategia de control estatal que a un intento genuino de modernización institucional.
La participación ciudadana fue ignorada y la élite de poder continúa dictando políticas sin espacios reales para la oposición o el debate público.
Uno de los cambios más notorios fue el anteproyecto de Ley del Registro Civil, que permitiría a los ciudadanos identificarse con el sexo con el que se sientan más representados, sin necesidad de cirugía.
Aunque en apariencia es un avance en derechos LGBTQ+, “resulta ingenuo pensar que en un sistema autoritario como el cubano se garantice verdaderamente el derecho a la autodeterminación, cuando todo lo referente a identidad personal puede ser cooptado por el aparato estatal para fines ideológicos”.
En paralelo, el régimen presentó la nueva Ley de Contravenciones y Sanciones Administrativas, con el argumento de ordenar y centralizar las normativas sobre infracciones menores. Sin embargo, dadas las prácticas históricas del gobierno cubano, “todo indica que esta legislación podría convertirse en otra herramienta para perseguir a opositores, disfrazada de legalidad, bajo el pretexto de mantener el orden público”.
Periódico Cubano también se refirió a un anteproyecto de ley para el Sistema Deportivo Cubano, destinado a “consolidar” la actividad física en la Isla. No obstante, las autoridades no explicaron cómo esta ley mejoraría las condiciones reales de los atletas. “Es difícil creer en una reforma beneficiosa cuando el deporte ha sido utilizado sistemáticamente como vitrina de propaganda, mientras los deportistas enfrentan carencias, presión política y abandono institucional”.
Otro documento presentado fue el Código de la niñez, adolescencias y juventudes, que supuestamente protege los derechos de los menores y promueve la diversidad y la participación. Sin embargo, la historia reciente sugiere otra intención: “el régimen podría usar este código para reforzar la lealtad ideológica desde edades tempranas, ocultando bajo discursos progresistas un adoctrinamiento más refinado”.
Finalmente, se abordaron dos temas de desarrollo territorial y turístico: la candidatura del Geoparque Viñales ante la UNESCO y el Plan de Ordenamiento Urbano de Santiago de Cuba. A pesar de su potencial teórico, estos proyectos difícilmente beneficiarán a la población si se mantienen los esquemas de mala gestión, centralismo y falta de inversión que caracterizan al modelo cubano.
En conjunto, estos anteproyectos muestran una voluntad de aparentar reformas sin alterar el fondo del sistema. El poder sigue concentrado y cada nuevo marco legal, lejos de abrir espacios de libertad, parece diseñado para consolidar el control.
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