Donald Trump no descansa en su propósito de cumplir su promesa electoral más polémica: erradicar la inmigración irregular a toda costa. Este domingo, el presidente estadounidense ordenó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que lleven a cabo “la mayor deportación masiva de la historia”, un paso que marca un punto de inflexión en su ya radical política migratoria.
Lo anunció a través de su red Truth Social, reiterando su convicción de que los inmigrantes ilegales son responsables de “delincuencia, conflictos y caos” en el país.
En su mensaje, Trump sostuvo que “la marea de migración destructiva” ha convertido a pueblos antes “idílicos” en “distopías del tercer mundo”. Este lenguaje extremo se alinea con la narrativa de su campaña, donde ha prometido no solo frenar la inmigración, sino revertirla, promoviendo lo que llama “remigración”, es decir, el retorno forzoso de extranjeros a sus países de origen. La orden presidencial exige a toda su administración movilizar recursos al máximo para alcanzar ese objetivo, sin matices ni pausas.
"Con este nuevo mandato, Trump se posiciona como un presidente que no solo busca restringir el ingreso de migrantes, sino también transformar radicalmente el paisaje demográfico del país mediante una política de expulsión masiva y sistemática."
El anuncio llega apenas 24 horas después de que más de cinco millones de ciudadanos salieran a las calles en más de 2.000 protestas a nivel nacional bajo el lema “Día sin reyes”, en rechazo a lo que consideran un presidencialismo autoritario. Las marchas se desarrollaron de manera pacífica en su mayoría, aunque con decenas de detenciones. Estas protestas reflejan la creciente fractura social ante el rumbo que ha tomado la administración Trump, especialmente en temas de derechos humanos y justicia migratoria.
Mientras Trump presenta la inmigración como una amenaza a la “tranquilidad interna” del país, una parte significativa de la sociedad estadounidense responde con organización cívica, manifestaciones y defensa activa de los valores fundacionales del país, como la libertad y el asilo. Organizaciones civiles, iglesias, abogados y activistas intensifican su resistencia frente a lo que muchos consideran un atropello al Estado de derecho.
El choque entre la narrativa del miedo y la defensa de la dignidad humana se intensifica. No todo Estados Unidos respalda esta cruzada: el país está dividido entre una visión de exclusión radical y otra que apuesta por la justicia, la legalidad y los derechos humanos.
Esta nueva fase de deportaciones masivas no solo tensa el tejido social, sino que pone a prueba los límites de las instituciones estadounidenses. En medio de una batalla legal y moral, Trump parece decidido a imponer su visión de orden, aún a costa de vulnerar principios democráticos esenciales.
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