Un tribunal italiano sentenció a 13 años y 8 meses de prisión al cubano Osiel Mancha Pereira, de 47 años, tras encontrarlo culpable del homicidio del empresario Luca Bruschini, ocurrido en febrero de 2024 en Terni, región de Umbría.
Los hechos se remontan al 16 de febrero, cuando Bruschini, de 41 años, fue atacado violentamente al salir de su empresa en Spoleto. El agresor, empleado del mismo negocio, utilizó un objeto metálico —similar a una podadera— para golpearlo brutalmente. El empresario fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital de Terni, donde permaneció 131 días en coma antes de fallecer por la gravedad de las heridas.
Horas después del ataque, Mancha Pereira se entregó a la policía, aunque durante el juicio aseguró no recordar claramente lo ocurrido. Según su testimonio, sólo tenía presente la sangre en sus manos y su ropa aquella noche. Alegó haber sido víctima de un complot por parte de compañeros de trabajo, quienes —según él— intentaron culparlo por antiguos robos en la empresa. También mencionó traumas sufridos durante su infancia en Cuba como parte de su defensa.
El proceso judicial se llevó a cabo mediante un procedimiento abreviado, lo que redujo la duración del juicio. La jueza Barbara Di Giovannantonio dictó la sentencia tras valorar los elementos presentados por la fiscalía, que consideró que el acusado actuó con extrema violencia y sin justificación.
Un informe psiquiátrico solicitado por el tribunal concluyó que el cubano sufre un trastorno delirante crónico que afecta parcialmente su capacidad mental. Sin embargo, se determinó que esa condición no anuló su comprensión de la gravedad de sus actos. Debido a esta evaluación, además de la pena de prisión por homicidio y tenencia ilegal de objetos peligrosos, Mancha Pereira deberá cumplir cuatro años adicionales de reclusión en una institución especializada para personas con trastornos mentales considerados socialmente peligrosos.
Durante la lectura del fallo estuvieron presentes los padres de la víctima, quienes escucharon la decisión judicial que coincidió con las peticiones del fiscal Marco Stramaglia. La sentencia pone fin a un proceso marcado por la violencia incomprensible del crimen y las inconsistencias en el relato del acusado.
El caso generó conmoción en la comunidad local por la brutalidad del ataque y la aparente falta de motivo claro. La combinación de elementos psiquiátricos, teorías de conspiración y confesiones parciales marcaron un proceso complejo en el que finalmente se impuso la justicia para la familia del empresario asesinado.
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