Narciso Barranco lleva 30 años viviendo en Estados Unidos. Llegó desde Tlacotepec, Morelos, siendo casi un adolescente, con la idea de trabajar unos años y regresar a México. Pero el destino quiso que formara una familia y que sus tres hijos —Alejandro, José Luis y Emanuel— crecieran en suelo estadounidense.
Con el tiempo, los tres ingresaron al Cuerpo de Marines de EE.UU., sirviendo en misiones dentro y fuera del país. Uno estuvo en Afganistán durante la retirada de tropas; otro acaba de terminar su servicio y el menor sigue activo en Camp Pendleton. Este sacrificio familiar, sin embargo, no ha impedido que su padre viva hoy enfrentando la posibilidad real de ser deportado.
El 21 de junio de 2025, Narciso fue detenido durante una redada migratoria mientras trabajaba como jardinero frente a un IHOP en Santa Ana, California. Agentes federales vestidos de negro y usando máscaras lo sometieron violentamente. Las imágenes, grabadas por testigos, se hicieron virales y provocaron indignación.
Mientras el Departamento de Seguridad Nacional asegura que Barranco levantó una desbrozadora contra un agente e intentó huir, la familia insiste en que solo sintió miedo y quiso alejarse, temiendo por sus herramientas y su trabajo.
Barranco, quien nunca ha tenido antecedentes ni siquiera una multa de tráfico, pasó 24 días detenido. Primero estuvo en el Centro de Detención Metropolitana de Los Ángeles y luego en el centro de procesamiento migratorio de Adelanto, donde ICE mantiene retenidos a cientos de inmigrantes.
Durante ese tiempo, su hijo mayor —marine veterano— denunció públicamente lo ocurrido, acudiendo incluso al Capitolio en Washington para pedir la liberación de su padre.
Políticos como el senador Alex Padilla y el congresista Lou Correa intervinieron para ayudar a la familia a localizarlo y denunciar el uso excesivo de fuerza.
La alcaldesa de Santa Ana calificó el arresto como “poco profesional” y “erróneo”. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la agresión contra Barranco es una “injusticia imperdonable” y aseguró que protegerán a los migrantes que han trabajado toda su vida en EE.UU.
El 15 de julio, Narciso salió en libertad bajo fianza gracias a los esfuerzos de su abogada Lisa Ramírez, quien también solicitó para él un parole-in-place, un permiso que le daría un año de estancia legal y la posibilidad de obtener autorización de trabajo y, más adelante, ajustar su estatus hacia la residencia permanente. Sin embargo, hasta hoy no han recibido ni siquiera un acuse de recibo del trámite.
Mientras espera su audiencia en enero, Narciso vive prácticamente encerrado en su casa de Tustin, sin poder trabajar y cumpliendo con las revisiones migratorias. Dedica sus días a estudiar inglés, cuidar su jardín y cocinar para su esposa, quien ha estado a su lado en todo momento. Aunque tiene un plan preparado por si finalmente es deportado, reconoce que sería devastador alejarse de sus hijos.
“Si me toca irme, me iré triste, pero con la cabeza en alto. Yo no he hecho nada malo”, afirma. Su mayor esperanza es poder quedarse y seguir viviendo cerca de los hijos que crió, enseñándoles a amar y defender el país que ahora amenaza con expulsarlo.
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