Joel Pérez, activista cubano de 44 años, se encuentra en un limbo migratorio tras recibir la negativa de asilo político por parte de una jueza de inmigración en Florida, a pesar de haber presentado abundante evidencia de su oposición activa al régimen cubano. La decisión ha generado indignación entre quienes conocen su historia de represión, arrestos y acoso en la isla.
Pérez llegó a Estados Unidos huyendo de la persecución que enfrentaba como opositor. Su caso fue presentado con la esperanza de lograr una protección legal en territorio norteamericano, pero el fallo judicial lo dejó en una situación incierta. “Sé que hoy va a ser un día grande para mí”, dijo optimista el activista momentos antes de la audiencia, que terminó con un desenlace adverso.
Durante la audiencia, que se extendió por más de dos horas, la jueza argumentó que el caso no tenía posibilidades de éxito, y que “ni siquiera un 10%” de lo que Pérez representaba como opositor justificaba el asilo. Según Rosaly Chaviano, su abogada, se entregaron numerosas pruebas documentales que acreditaban el activismo y la represión sufrida en Cuba, pero los fiscales consideraron que muchos de esos documentos eran “demasiado antiguos” y, por lo tanto, poco relevantes.
“La evidencia era sólida, incluso más de lo habitual”, aseguró Chaviano. “Pero los fiscales mostraron escepticismo y, en lugar de valorar el riesgo creíble, cuestionaron la autenticidad por tratarse de documentos de años atrás”.
Joel Pérez también denunció que durante el proceso no se le permitió exponer con libertad lo que ocurre en Cuba, ni hablar de los presos políticos, algo que considera fundamental para entender el contexto represivo del que huyó. “No me dejaron explicar lo que sucede en la isla ni lo que he vivido como opositor. No pude hablar de las violaciones a los derechos humanos ni del sufrimiento de quienes están encarcelados por pensar diferente”, lamentó.
Tras la desestimación del caso, la defensa legal anunció que apelará ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés). Si la apelación es rechazada, aún existen otros recursos legales para frenar una eventual deportación.
Chaviano explicó que se trabajará en fortalecer el expediente con nuevas pruebas, entre ellas, testimonios jurados de otros opositores, declaraciones presenciales y documentación oficial que respalde el historial de activismo de Pérez. “Vamos a seguir luchando. Este caso no se cierra aquí”, afirmó.
Mientras tanto, si se presenta la apelación dentro del plazo de 30 días, la deportación queda suspendida temporalmente. Pero si el recurso no es entregado a tiempo, la orden de remoción podría ejecutarse de inmediato, según la Sociedad Americana de Profesionales Administrativos (ASAP).
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