La Unión Europea y el Reino Unido intensificaron este viernes la presión contra el Kremlin con nuevas sanciones dirigidas al sector energético ruso, su servicio de inteligencia militar y su flota “fantasma” de transporte de petróleo. Las medidas buscan debilitar la capacidad de Rusia para sostener su ofensiva militar en Ucrania, que ya entra en su cuarto año.
La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, destacó que este es “uno de los paquetes de sanciones más fuertes” hasta la fecha. Entre las medidas clave se encuentra una reducción en el precio máximo del barril de crudo ruso, fijado ahora en menos de 48 dólares, por debajo del valor de mercado.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy calificó la decisión como “necesaria y oportuna” ante el incremento de ataques rusos. También aseguró que Kiev implementará sanciones adicionales en sincronía con Bruselas.
Por su parte, el Kremlin rechazó las sanciones, calificándolas de “ilegales”. El portavoz Dmitry Peskov afirmó que Rusia ha desarrollado cierta “inmunidad” y que se adaptará para minimizar el impacto del nuevo paquete.
El Reino Unido centró su atención en el espionaje militar ruso. Londres sancionó a unidades del GRU (servicio de inteligencia militar) y a 18 agentes rusos acusados de participar en el bombardeo de un teatro en Mariúpol en 2022, donde murieron cientos de civiles, así como en ataques contra disidentes rusos en el extranjero.
El canciller británico David Lammy advirtió que los espías del GRU intentan “desestabilizar Europa, socavar la soberanía ucraniana y poner en riesgo la seguridad de ciudadanos británicos”.
La Comisión Europea también impuso nuevas restricciones al comercio de crudo ruso. Además del tope al precio del petróleo, se cerraron lagunas legales que permitían a Moscú vender petróleo de forma indirecta a través de terceros países. Más de 100 barcos adicionales de la flota rusa fueron sancionados, sumando más de 400 embarcaciones restringidas desde mayo.
El bloque también apunta a infraestructura energética estratégica, como los gasoductos Nord Stream —aunque actualmente no están operativos— para frenar potenciales ganancias futuras. También se restringió la actividad de la refinería de Rosneft en India y se impusieron sanciones financieras a dos bancos chinos que operaban con instituciones rusas.
Aunque las sanciones fueron finalmente aprobadas, las divisiones dentro de la UE son cada vez más evidentes. Eslovaquia demoró el acuerdo por su dependencia del gas ruso. El canciller alemán Friedrich Merz reveló que necesitó días de negociaciones con el gobierno eslovaco para asegurar su respaldo.
Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, la UE ha sancionado a más de 2.400 funcionarios y entidades rusas, pero cada nuevo paquete enfrenta mayores obstáculos debido a los costos económicos que también recaen sobre los países del bloque.
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