Dos nuevos asesinatos por motivos de género fueron confirmados en Cuba por las plataformas feministas independientes YoSíTeCreo en Cuba y el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT), elevando a 19 la cifra total de feminicidios registrados en lo que va del año.
Esta vez las víctimas fueron Melisa Rivero Bacallao de 24 años y Leysi Liettis Cascaret Casero de 22, ambas residentes en zonas rurales de Matanzas y Santiago de Cuba, respectivamente.
Rivero Bacallao fue agredida sexualmente y asesinada el pasado 8 de julio en Limonar, Matanzas. Vecinos del consejo popular "Fructuoso Rodríguez" confirmaron los hechos.
Un mes antes, el 7 de junio, Liettis Cascaret, estudiante de Ciencias Médicas, fue asesinada por su pareja en la comunidad de El Manguito, en Santiago de Cuba. El crimen dejó huérfano a un bebé de apenas un mes de nacido.
"Estos casos reflejan un patrón de violencia extrema en zonas donde las mujeres cuentan con menor protección institucional y escaso acceso a redes de apoyo", advirtieron ambas plataformas.
La situación es aún más grave considerando que el feminicidio no está tipificado como delito en el Código Penal cubano, lo que impide aplicar sanciones específicas ni establecer mecanismos de prevención adecuados.
Además de los 19 feminicidios confirmados, las organizaciones independientes registran un intento de feminicidio y el asesinato de un hombre por motivos de género, también en Santiago de Cuba.
La víctima fue Isael Almarales Calzado de 31 años, apuñalado fatalmente en el cuello por su pareja, Yanileisi Mustelier, en la zona de El Campito y Callejuela, próxima a la Avenida Martí.
En 2024, según un informe del Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG), 76 mujeres fueron asesinadas por razones de género. Aunque el gobierno evita usar el término “feminicidio”, las estadísticas revelan que 55 de estas víctimas murieron a manos de sus parejas o exparejas. La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas son las provincias con mayor concentración de casos, especialmente en áreas rurales.
"La falta de cifras oficiales claras, el silencio institucional y la ausencia de una ley contra la violencia de género perpetúan la impunidad y colocan a las mujeres en una situación de vulnerabilidad estructural", denunciaron los colectivos feministas.
Por ello, exigen con urgencia una legislación integral, protocolos públicos de registro y acciones concretas para enfrentar una crisis que sigue creciendo en el más preocupante silencio.
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