Un tribunal federal en Estados Unidos frenó una de las medidas más controvertidas en materia migratoria al declarar ilegal el intento de retirar el estatus temporal a cientos de miles de migrantes que ingresaron legalmente al país mediante la aplicación CBP One.
La jueza Allison Burroughs determinó que la administración de Donald Trump no cumplió con los procedimientos legales al intentar revocar de forma masiva los permisos otorgados a más de 900.000 personas. En su fallo, ordenó restablecer el estatus legal de los afectados.
La decisión representa un alivio temporal para miles de migrantes —entre ellos numerosos cubanos y venezolanos— que habían recibido autorización para permanecer en Estados Unidos tras gestionar su entrada mediante CBP One, un mecanismo implementado durante el mandato de Joe Biden para ordenar el flujo migratorio en la frontera sur.
Durante ese período, los solicitantes podían programar citas en puertos de entrada y, en muchos casos, obtener permisos de permanencia temporal, así como autorización de trabajo mientras se resolvían sus procesos migratorios.
Sin embargo, tras asumir el poder, la nueva administración eliminó funciones clave de la aplicación y avanzó hacia la cancelación de estos beneficios. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) llegó a enviar notificaciones a los migrantes indicándoles que debían abandonar el país, lo que generó incertidumbre entre quienes habían cumplido con los requisitos legales.
La jueza Burroughs consideró que esa decisión violó las normas establecidas, al intentar aplicar una revocación generalizada sin evaluar los casos de manera individual. “Las regulaciones no otorgan discreción ilimitada para revocar la libertad condicional”, señaló en su dictamen.
El fallo subraya que el gobierno no puede despojar de su estatus a personas que ingresaron legalmente mediante programas oficiales sin respetar el debido proceso. En ese sentido, obliga a revisar las decisiones bajo criterios legales y no mediante acciones administrativas masivas.
Organizaciones que impulsaron la demanda celebraron la resolución judicial. Grupos como Democracy Forward calificaron la medida anulada como un intento de eliminar de forma abrupta la protección migratoria de miles de personas.
El caso también pone en evidencia la volatilidad de las políticas migratorias en Estados Unidos, donde los cambios de administración suelen traducirse en giros radicales que impactan directamente a comunidades vulnerables.
Para muchos cubanos, este tipo de decisiones tiene un significado particular. La migración hacia Estados Unidos ha estado marcada durante décadas por la falta de libertades y la crisis económica en la isla, factores que obligan a miles a buscar alternativas fuera del país.
Aunque el fallo judicial representa un freno a la cancelación masiva de permisos, el futuro de estos migrantes aún es incierto. Se espera que la administración federal apele la decisión, lo que podría prolongar el proceso en los tribunales.