El caso de Narali Arévalo-Casay, un joven cubano de apenas 23 años, ha encendido nuevas alarmas dentro de la comunidad migrante. Condenado por un jurado federal en El Paso, Texas, tras cruzar el río Bravo e ingresar a una zona militar restringida, su historia representa mucho más que un error de ubicación: simboliza el endurecimiento extremo de las políticas migratorias bajo la nueva administración de Donald Trump, que ha restaurado medidas ampliamente criticadas por organismos de derechos humanos.
El cruce ocurrió el 7 de mayo, a menos de una milla del cruce fronterizo Paso Del Norte. Al ser detectado en un área catalogada como de “defensa nacional”, Narali fue arrestado por la Patrulla Fronteriza.
Aunque el juez Miguel Torres lo sentenció a “tiempo cumplido”, el juicio deja una marca: antecedentes penales que podrían ser utilizados en su contra en futuras audiencias migratorias. El mensaje es claro: cada paso fuera del protocolo puede convertirse en delito federal, incluso si se trata de un migrante sin historial delictivo ni peligrosidad.
Este episodio se inscribe dentro de la Operación Take Back America, una iniciativa federal que ha buscado equiparar la migración irregular con amenazas a la seguridad nacional.
Defensores de derechos humanos denuncian que se criminaliza a personas que, como Narali, podrían haber estado buscando protección. No se sabe si su intención era pedir asilo, pero bastó cruzar por el sitio equivocado para que terminara frente a un jurado.
Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, medidas como el parole humanitario y el acceso al programa CBP One han sido eliminadas, y el controvertido “Quédate en México” ha sido reactivado. Esto ha dificultado aún más el acceso a mecanismos legales para solicitar refugio, especialmente para los cubanos, que ven cómo las opciones se reducen mientras aumentan las detenciones.
El futuro inmediato de Narali es incierto: podría enfrentar deportación o permanecer bajo custodia migratoria por tiempo indefinido. Su caso se convierte así en símbolo de una política migratoria cada vez más punitiva y judicializada, donde un error en la ruta puede destruir el sueño americano antes de siquiera comenzar.
Lo que para muchos es un acto desesperado de esperanza, para la justicia estadounidense se ha vuelto una amenaza que debe ser castigada.
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