Una decisión federal en Boston frena la cancelación masiva del estatus legal de migrantes impulsada por la administración de Donald Trump, reabriendo el camino para miles de beneficiarios del programa CBP One que enfrentaban la amenaza de deportación y pérdida de derechos básicos.
Una jueza federal en Boston ha asestado un duro revés a la política migratoria de la administración de Donald Trump al ordenar la restitución del estatus legal de miles de migrantes que ingresaron a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One. El fallo representa una victoria significativa para ciudadanos de países como Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, quienes habían quedado en una situación de incertidumbre tras la cancelación de sus permisos.
La magistrada Allison Burroughs determinó que el Departamento de Seguridad Nacional actuó de manera ilegal al enviar correos masivos en abril de 2025 a más de 900,000 migrantes, notificándoles que debían abandonar el país de inmediato. Según la decisión judicial, la medida no cumplió con los procedimientos legales requeridos ni justificó adecuadamente la terminación del permiso conocido como “parole” humanitario.
El programa CBP One, implementado durante la administración de Joe Biden, permitía a los migrantes agendar citas para solicitar ingreso legal a Estados Unidos a través de la frontera. Muchos de ellos recibieron permisos temporales de hasta dos años, junto con autorización de trabajo, lo que les permitió establecerse de forma regular en el país.
Sin embargo, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, su gobierno decidió eliminar este mecanismo como parte de una política más restrictiva en materia migratoria. La cancelación masiva del estatus dejó a cientos de miles de personas expuestas a deportaciones, pérdida de empleo y desprotección legal.
El fallo judicial responde a una demanda colectiva presentada por migrantes y organizaciones defensoras de derechos civiles, que denunciaron la medida como abrupta e ilegal. La abogada Skye Perryman, del grupo Democracy Forward, celebró la decisión al considerar que el tribunal evitó que el gobierno eliminara de forma arbitraria el estatus legal de cientos de miles de personas “con un clic”.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional criticó la resolución, calificándola como un acto de “activismo judicial” que interfiere con la autoridad del presidente para definir la política migratoria del país.
Más allá del enfrentamiento político, la decisión judicial devuelve esperanza a miles de migrantes que habían construido una vida en Estados Unidos bajo el amparo legal del programa. No obstante, el futuro del caso aún podría depender de nuevas apelaciones, lo que mantiene cierto nivel de incertidumbre.
Mientras tanto, el fallo marca un precedente importante sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria y la necesidad de respetar los procesos legales establecidos, en un debate que sigue siendo central en la política estadounidense.
Fuentes: Reuters