En una maniobra que recuerda los pasos clásicos de toda dictadura para aferrarse al poder, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó este viernes una reforma constitucional que elimina el límite de edad de 60 años para que una persona pueda ser elegida presidente de la República. Con esta decisión, el régimen abre la puerta para que Miguel Díaz-Canel, títere del castrismo, pueda reelegirse indefinidamente, incluso después de haber cumplido esa edad.
El cambio fue aprobado con total unanimidad por los 440 diputados presentes (de un total de 462), todos fieles al sistema y sin la más mínima muestra de oposición. Como en todas las decisiones del parlamento cubano, la votación no fue más que un trámite protocolar dentro de una estructura absolutamente controlada por el Partido Comunista.
La reforma, que fue presentada por el presidente de la Asamblea, Esteban Lazo Hernández, asegura que el cambio se propone para no excluir a personas que, aunque superen los 60 años, estén “en pleno uso de sus facultades físicas y mentales” y hayan demostrado “fidelidad a la Revolución”. Es decir, una cláusula a medida para permitir que el actual mandatario, Miguel Díaz-Canel, se perpetúe en el poder, tal como lo hicieron en su momento Fidel y Raúl Castro.
Llama la atención que fue el propio Raúl Castro quien propuso, en 2019, que la Constitución incluyera el límite de edad. Cinco años después, es también él quien promueve su eliminación, demostrando que en Cuba la ley no es más que un instrumento moldeable al servicio de los intereses del poder. No se gobierna según principios, sino por conveniencias de cúpula.
La argumentación oficial fue tan predecible como cínica: que el envejecimiento poblacional exige ampliar el espectro de elegibles al cargo presidencial. Pero la verdadera intención es evidente: mantener en la presidencia a quien ha demostrado ser un operador sumiso del aparato dictatorial, un rostro nuevo para una política vieja y represiva.
La Asamblea Nacional, que debería ser el órgano legislativo del país, volvió a mostrar su rol decorativo. No existe en Cuba un solo diputado con voz independiente. No hubo debate real, ni oposición, ni preguntas. Solo alineamiento automático con el mandato del Partido. Este acto no fue una reforma, fue una rendición más a la voluntad de quienes no quieren soltar el poder bajo ninguna circunstancia.
Y lo más alarmante: esta modificación no requerirá referendo popular, porque —según argumentan— no afecta las atribuciones ni los mandatos del presidente, sino únicamente sus requisitos de elegibilidad. Una interpretación forzada para evitar cualquier forma de consulta ciudadana, como es norma en un régimen que desprecia la voluntad popular.
Esta es la forma moderna del autoritarismo cubano: bajo un barniz de legalidad y formalismo institucional, se ocultan los mismos mecanismos de control y manipulación que han caracterizado al régimen durante más de seis décadas. La reforma del artículo 127 de la Constitución es apenas un paso más en la estrategia de perpetuación en el poder de una élite desconectada del pueblo, aferrada a un modelo fracasado y cada vez más represivo.
Mientras los cubanos enfrentan carencias extremas, crisis económica y un éxodo sin precedentes, sus gobernantes maniobran para asegurar que nada cambie en la cúpula del poder. Díaz-Canel, que ha sido el rostro visible del continuismo pos-Castro, ahora tiene vía libre para quedarse mientras el sistema lo necesite. Y el pueblo cubano, una vez más, queda fuera de cualquier decisión que afecte su destino.
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