Una reciente publicación del diario oficialista Granma ha encendido nuevamente las alarmas sobre el uso político que el régimen cubano hace del Código de las Familias. El artículo, redactado por una fiscal de la Dirección de Protección de la Familia, subraya que los padres tienen el deber de inculcar en sus hijos valores patrióticos como parte de su "responsabilidad parental".
A simple vista, podría parecer una exhortación educativa; sin embargo, entre líneas se percibe un mensaje más inquietante: si los padres no enseñan a sus hijos a amar la “Patria” como lo entiende el Estado, podrían perder la custodia.
Este enfoque convierte la crianza en un asunto político. El artículo 138 del Código establece la obligación de inculcar amor al trabajo, la familia y la Patria. Pero bajo un régimen donde lo patriótico está indisolublemente unido al Partido Comunista, ese mandato legal deja de ser una instrucción cívica para convertirse en una forma de control ideológico.
“El Estado se reserva el derecho de castigar no solo a quienes se expresan en contra del gobierno, sino también a quienes no moldean a sus hijos según los valores del sistema”, denuncian organizaciones como Cubalex.
La manipulación de este concepto no es teórica, sino real y documentada. Activistas, médicos y ciudadanos comunes han sido amenazados con perder la custodia de sus hijos por participar en protestas, criticar al gobierno o simplemente expresar opiniones disidentes en redes sociales. “En Cuba, disentir se convierte en una falta moral y legal que puede justificar el despojo de un derecho tan básico como criar a tus propios hijos”. Así, la ley se transforma en un instrumento de intimidación, donde cualquier actitud “corruptora” —según lo interprete el Estado— puede ser castigada con la separación familiar.
Los menores, lejos de ser protegidos, son utilizados como rehenes emocionales. El adoctrinamiento desde la infancia ya era práctica común en el sistema educativo cubano, pero ahora adquiere una dimensión jurídica que refuerza el miedo en el núcleo familiar.
Padres que antes podían asumir ciertos riesgos en su activismo, hoy enfrentan un dilema más doloroso: callar o arriesgar la relación con sus hijos.
En definitiva, el nuevo Código de las Familias, lejos de representar una garantía de derechos, opera como una extensión del aparato represivo del Estado. La supuesta “protección” de los menores se usa como pretexto para castigar políticamente a sus padres. Y en este juego de poder, la familia deja de ser un espacio de amor y se convierte en un campo de vigilancia.
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