Un subcomité de ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos determinó que la congresista demócrata por Florida, Sheila Cherfilus-McCormick, incurrió en 25 violaciones de normas éticas, tras una extensa investigación legislativa que se prolongó por casi tres años.
La decisión fue adoptada mediante votación secreta luego de una audiencia pública televisada que se extendió durante cerca de siete horas, en la que la legisladora y su defensa legal rechazaron de manera categórica las acusaciones. Tras la vista, los miembros del comité deliberaron durante varias horas antes de emitir su veredicto.
Cherfilus-McCormick ha negado cualquier conducta indebida tanto en el ámbito ético como en el penal, y enfrenta además un proceso judicial federal paralelo. “Espero poder demostrar mi inocencia”, declaró en un comunicado, reiterando que su prioridad continúa siendo el trabajo en beneficio de los residentes del distrito 20 de Florida, a quienes representa en el Congreso.
El caso ha generado una fuerte presión política dentro del propio Capitolio. Diversos legisladores demócratas han comenzado a pedir su dimisión o su expulsión inmediata, argumentando la gravedad de las conclusiones del comité. La congresista Marie Gluesenkamp Perez afirmó públicamente que “no se puede acceder al poder legítimo mediante el crimen”, insistiendo en que, tras el hallazgo del comité, Cherfilus-McCormick debería abandonar su escaño o ser removida.
Por su parte, el líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, evitó pronunciarse cuando fue consultado sobre si la congresista debía permanecer en su cargo, lo que ha alimentado aún más el debate interno dentro del partido.
El Comité de Ética anunció que, tras el receso de primavera de dos semanas, celebrará una nueva audiencia para definir posibles sanciones. Entre las opciones en evaluación se encuentran la censura formal, la pérdida de funciones en comités legislativos o incluso la expulsión del Congreso.
Este caso se desarrolla en un contexto en el que existen precedentes recientes de expulsión de legisladores antes de la conclusión de sus procesos penales. En 2023, la Cámara de Representantes expulsó al republicano George Santos en una votación bipartidista, convirtiéndose en uno de los pocos casos modernos en los que un congresista fue removido antes de una condena judicial definitiva.
En paralelo, el Departamento de Justicia imputó a Cherfilus-McCormick en noviembre por presuntamente haber participado en el desvío y lavado de 5 millones de dólares en fondos federales destinados a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Según la acusación, una empresa familiar vinculada a la congresista recibió un sobrepago relacionado con contratos de vacunación durante la pandemia de COVID-19. Las autoridades sostienen que los fondos no fueron devueltos y habrían sido transferidos a través de múltiples cuentas, para luego ser utilizados en su campaña al Congreso en 2022.
El proceso legislativo y judicial en curso podría definir el futuro político de la congresista en las próximas semanas.
Fuente: NBC News
Más de 100 intelectuales dominicanos respaldan propuesta de transición política en Cuba
Hace 4 horas
Armando Labrador: del negocio privado en EE.UU. a sus aspiraciones presidenciales en Cuba
Hace 1 día
Miss Universe Cuba inicia selección de representantes para la edición 75 de Miss Universo
Hace 1 día