El presidente Donald Trump ha ordenado el envío de 1,500 soldados en servicio activo a la frontera sur de Estados Unidos. Esta medida busca intensificar el control migratorio y reforzar la seguridad en la región, como parte de sus promesas de campaña.
Según funcionarios estadounidenses, las tropas estarán destinadas a asistir a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) con tareas logísticas, transporte y la construcción de barreras físicas. Aunque estas fuerzas no tienen autorización para realizar funciones policiales, su presencia complementará el trabajo de los agentes fronterizos.
El secretario de Defensa en funciones, Robert Salesses, se espera que firme las órdenes de despliegue en los próximos días. Sin embargo, aún no se han confirmado las unidades específicas que participarán ni la duración de su misión.
Actualmente, la ley estadounidense prohíbe a las fuerzas armadas realizar tareas de aplicación de la ley dentro del territorio nacional, en cumplimiento de la Ley Posse Comitatus de 1878. No obstante, Trump ha planteado la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807, lo que permitiría a los militares asumir roles policiales en la frontera.
Esta evaluación, según la orden ejecutiva firmada por el presidente, deberá ser presentada por el secretario de Defensa y el jefe de Seguridad Nacional en un plazo de 90 días. De implementarse, sería un cambio significativo en el uso de las fuerzas armadas en suelo estadounidense.
El nuevo despliegue se suma a los más de 2,200 militares en activo y 4,500 miembros de la Guardia Nacional ya presentes en la frontera sur, según datos recientes. Durante su primer mandato, Trump ordenó el envío de 5,200 efectivos a la región como parte de su estrategia para frenar la migración ilegal.
En esta ocasión, los soldados realizarán tareas administrativas, como mantenimiento de vehículos y entrada de datos, según informaron medios como CNN.
La decisión de reforzar la presencia militar en la frontera ha generado opiniones divididas. Mientras algunos sectores ven la medida como un paso necesario para garantizar la seguridad nacional, críticos argumentan que militarizar la frontera no aborda las causas de fondo de la migración y podría agravar las tensiones en la región.
Además, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el impacto de estas políticas en las comunidades fronterizas y los migrantes.