Donald Trump, próximo a asumir nuevamente la presidencia de Estados Unidos, ha generado controversia con una de sus principales promesas de campaña: eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento. Esta medida, garantizada por la 14ª Enmienda de la Constitución, otorga automáticamente la nacionalidad estadounidense a cualquier persona nacida en el país, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
En un video publicado en mayo de 2023, Trump afirmó que, de regresar a la Casa Blanca, firmará una orden ejecutiva el primer día de su mandato para modificar este derecho. Según su propuesta, los hijos de padres indocumentados o aquellos sin estatus legal ya no serían considerados ciudadanos estadounidenses al nacer.
Trump sostiene que Estados Unidos es uno de los pocos países que permite la ciudadanía automática para los hijos de no ciudadanos simplemente por nacer en su territorio. En su lugar, propone que al menos uno de los progenitores sea ciudadano o residente legal para que el niño obtenga la nacionalidad.
El expresidente también vinculó esta política con el llamado “turismo de nacimiento”, un fenómeno en el que mujeres extranjeras viajan al país en etapas avanzadas de embarazo con el objetivo de que sus hijos nazcan ciudadanos estadounidenses. Para Trump, esta práctica constituye un abuso del sistema y debe ser regulada.
Aunque la propuesta ha sido bien recibida en ciertos sectores republicanos, su viabilidad legal es incierta. La ciudadanía por nacimiento está profundamente arraigada en la 14ª Enmienda, adoptada en 1868, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos […] son ciudadanos de los Estados Unidos”.
Desde entonces, la Corte Suprema ha respaldado esta interpretación, consolidando el derecho de ciudadanía para todos los nacidos en suelo estadounidense. Modificar este principio requeriría una reinterpretación constitucional o una enmienda adicional, ambas opciones altamente complejas y sujetas a intensos debates legales.
Grupos defensores de los derechos civiles y expertos legales han advertido sobre las posibles consecuencias de esta medida, señalando que podría generar un aumento en la población apátrida y complicaciones para niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados. Además, argumentan que una orden ejecutiva no sería suficiente para cambiar un principio constitucional tan fundamental.
Por otro lado, sectores conservadores respaldan la iniciativa, argumentando que es un paso necesario para frenar la inmigración ilegal y proteger los recursos del país.
El debate sobre la ciudadanía por nacimiento no solo plantea cuestiones legales, sino también morales y prácticas. Si Trump cumple su promesa, es probable que enfrente desafíos en los tribunales y una fuerte oposición en el Congreso, además de una polarización aún mayor en torno al tema migratorio en Estados Unidos.
La medida no solo afectaría a niños nacidos de padres indocumentados, sino que también podría redefinir el concepto de ciudadanía en un país históricamente considerado un refugio para inmigrantes. La pregunta que queda es si esta promesa de campaña podrá materializarse o si quedará atrapada en el complejo entramado legal y político estadounidense.
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