El régimen cubano acreditó al primer grupo de inspectores de la comunicación social, subordinados al Instituto de Información y Comunicación Social, con el objetivo de “controlar y fiscalizar”, reforzando el control estatal sobre la información y generando preocupaciones sobre un aumento de la censura. Jorge Legañoa, vicepresidente del citado Instituto compartió en su perfil de X, imágenes de los inspectores recién graduados mientras firmaban el Código de Ética y recibían sus credenciales.
“Los nuevos inspectores de la comunicación social en Cuba firmaron el Código de Ética y recibieron las credenciales que los acreditan para ejercer el control y fiscalización en este tema”, señaló el funcionario.
En otra publicación, Jorge Legañoa proclamó con tono triunfalista la conclusión de “la preparación de los primeros inspectores eventuales de la comunicación social en Cuba”, calificándolo como “otro paso hacia el cumplimiento de las funciones del organismo”, en una muestra clara de cómo el régimen refuerza su maquinaria de control informativo. Con la firma del Código de Ética, los inspectores comienzan “una nueva etapa en el camino hacia el cumplimiento de las normas en vigor y la protección de los derechos ciudadanos”, un discurso que contrasta con las crecientes preocupaciones sobre el uso de estas figuras para fortalecer la censura y limitar la libertad de expresión en Cuba.
La Ley 162/2023 de Comunicación Social establece la creación de la figura de los inspectores de comunicación social, encargados de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con los procesos comunicativos en Cuba. Estos inspectores actúan bajo la autoridad del Instituto de Información y Comunicación Social y tienen como objetivo principal garantizar que los contenidos y prácticas comunicativas en los ámbitos organizacional, comunitario y mediático se ajusten a los principios establecidos por el estado socialista.
Resulta llamativo que la ley establece que la labor de estos inspectores abarca tanto los espacios físicos como los digitales, lo que refuerza el control estatal sobre la información que circula en la sociedad. De acuerdo con el Artículo 105 de la Ley, los inspectores están facultados para realizar acciones de control sobre los órganos, organismos y entidades del Estado, así como sobre los actores económicos y sociales que gestionen procesos de comunicación.
Esto incluye garantizar que los medios de comunicación respeten los límites editoriales aprobados, que se inscriban debidamente en los registros nacionales pertinentes, y que sus contenidos cumplan con lo dispuesto en la Constitución y la normativa vigente; los inspectores tienen el poder de imponer sanciones administrativas por infracciones, como la difusión de “mensajes no autorizados” o “discriminatorios”.
La fiscalización por parte de estos inspectores también se extiende a la comunicación en el ciberespacio, los que deberán “respetar la ética y la legalidad”, promoviendo “valores acordes con la ideología socialista” y “evitando mensajes considerados subversivos o contrarios al orden constitucional”. En este acápite es donde verdaderamente se centrará este nuevo grupo represivo; en las formas de manifestación de intelectuales, internautas en general, artistas en las redes. Ahí está la razón fundamental de la creación de este grupo, pongan el nombre que deseen: ¡eso se llama represión!